Por Denni Portillo.
La normativa con la que se ha sancionado a tres salvadoreños fue creada hace cuatro años por el gobierno estadounidense.
La Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global sobre Derechos Humanos es una de las herramientas más recientes que ha echado a andar el gobierno de Estados Unidos para luchar contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
Aprobada en diciembre de 2016 y ampliada mediante una orden ejecutiva en diciembre de 2017, la normativa actúa, según es descrita, por el Departamento de Estado «en reconocimiento de que la prevalencia de las violaciones de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en forma total o en gran parte, fuera de Estados Unidos habían alcanzado una magnitud y gravedad tales que amenazaban la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales».
Con la orden ejecutiva emitida en 2017, el alcance de la normativa se expandió, ya que originalmente contemplaba la sanción únicamente de personas en puestos de poder en los gobiernos.
La ampliación permitió incluir a personas que intentaran ayudar materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios, para o en apoyo de las actividades cometidas por los sancionados.
En cuanto a la terminología de la ley, esta es vista de manera amplia, lo que permite que el gobierno de Estados Unidos tenga flexibilidad en su aplicación.
Así, se considera corrupción aquella que pueda involucrar actos como «la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales o el soborno; o la transferencia o la facilitación de la transferencia del producto de la corrupción», según la organización internacional Human Rights First.
De acuerdo a la organización, para que Estados Unidos incluya a una persona en la lista de sancionados, por lo general el hecho cometido no debe haber ocurrido en un plazo mayor a cinco años antes de la fecha de la designación.
Asimismo, la investigación para poder confirmar o desvirtuar los casos se llevan alrededor de seis y nueve meses. La información para comenzar investigaciones y procesos puede ser presentada por el congreso, por secretarios de Estado, por gobiernos extranjeros y también por organizaciones no gubernamentales relacionadas a derechos humanos.
Estos son Ocho aspectos puntuales sobre la Ley Magnitsky y su respuesta, según Human Rights First.
1- Vigencia
La Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos fue firmada el 23 de diciembre de 2016, como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año 2017.
2- ¿Qué dice?
Originalmente, la ley permitía (pero no exigía) el retiro de visas y el bloqueo de propiedades. Fue el 20 de diciembre de 2017 que una orden ejecutiva propició dichas acciones y amplió el alcance al no incluir solo a gobernantes sino también a colaboradores.
3- Víctimas
La ley establecía que las víctimas de violaciones a DDHH debían ser personas que trabajaran en exponer actividades ilegales a cargo de oficiales de gobierno. Se amplió para que proteja a cualquier persona independientemente del estatus de esta.
4- Sancionados
La ley establece que pueden ser sancionados únicamente personas extranjeras, pero en 2017 se expandió a “cualquier persona” que se determine que ha asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a sancionados.
5- Ciudadanos
Personas que tengan la doble nacionalidad (nacionalidad de origen y la estadounidense) pueden ser objeto de la Ley Magnitsky. Sin embargo, la normativa establece que si bien sus activos pueden ser bloqueados, no es así con sus visas estadounidenses.
6- Temporalidad
Generalmente, el gobierno de Estados Unidos no considera designar a alguien como sancionado por la Ley Magnitsky cuando el delito en cuestión haya sido cometido más allá de cinco años antes de la fecha de la designación.
7- Pruebas
Para establecer una “base razonable” para creer o afirmar de que una entidad o persona se ha involucrado en los comportamientos para ser sancionado, cada prueba es corroborada, preferiblemente, por múltiples fuentes independientes.
8- Investigación
Debido a la complejidad del proceso de designación, el tiempo promedio para que el gobierno de los Estados Unidos investigue los hechos para una designación es alrededor de seis y nueve meses. En su primer año, la ley solo tuvo un grupo de sancionados.
Fuente: El Economista.
