A mucha, demasiada gente en el país no le preocupa la impunidad que, al igual que un cáncer, carcome a nuestra sociedad. Literalmente, “impunidad” significa ausencia de castigo. Por ejemplo, ante una violación a los derechos humanos, el sistema judicial está ausente, no actúa. Así, los responsables de violar derechos y la ley quedan impunes, es decir, sin castigo. La impunidad y la corrupción están intrínsecamente relacionadas: una es condición para la otra. Gracias a la corrupción, un crimen permanece impune. A la raíz de los males nacionales está la impunidad, porque socava, entre otras cosas, el Estado de derecho, que presume que nadie, ni los funcionarios, ni los gobernantes, están por encima de la ley.
En la actualidad, una de las herramientas preferidas de los funcionarios para garantizar la impunidad es aplicar la justicia selectivamente. Toda la institucionalidad a su servicio se vuelca contra ciertos políticos y contra quienes denuncian y dicen la verdad, pero no hacen nada contra aquellos de los suyos que quebrantan la ley. A los corruptos de larga data, que camaleónicamente cambiaron de color, no se les toca. Utilizan el sistema de justicia para criminalizar a los que protestan, a los que no respaldan todas sus decisiones, a quienes denuncian la impunidad.
Mientras mantienen un discurso contra la corrupción y la impunidad, en la práctica impiden combatirlas. Reservan toda la información; no dan participación a la ciudadanía; cuando se destapan casos de corrupción, levantan cortinas de humo y protegen y defienden a los señalados. No hay comisión internacional contra la impunidad porque precisamente lo que se quiere es afianzar la impunidad. La Fiscalía General de la República, la instancia que debería combatirla, se dedica a perseguir opositores; no se ocupa de los grandes problemas que agobian a la población, como la violencia criminal, las desapariciones, los homicidios. En un contexto en el que el Ejecutivo ha cooptado todos los poderes, la Fiscalía no responden a las víctimas, sino a los intereses del poder. Toma en cuenta a las víctimas solo cuando ello beneficia a la narrativa oficial.
EDITORIAL UCA.
