Estados Unidos es tan soberano como El Salvador, y en el ejercicio de su soberanía ha impuesto sanciones a algunos altos funcionarios del régimen de los Bukele. Este, en otro ejercicio soberano similar, ha negociado con las pandillas, una expresión del crimen organizado, y ha tolerado y encubierto la corrupción. Es un ejercicio de la soberanía propia contra otro ejercicio de la misma soberanía, pero de signo opuesto. Las dos naciones son igualmente soberanas. Las sanciones de Washington comprenden el retiro de la visa estadounidense, un derecho soberano de las naciones; el bloqueo, no la confiscación, de los activos en territorio estadounidense; y la prohibición de contratar o negociar con las empresas o los ciudadanos estadounidenses. No hay, pues, ninguna injerencia indebida en los asuntos internos del país ni razón para que el presidente se irrite, ya que las sanciones se apegan estrictamente a su concepto de soberanía.
Más allá de la sinrazón de la cólera presidencial, se vislumbran dos motivos. El primero, el más obvio, es que las sanciones impiden que los funcionarios señalados y sus familiares más cercanos viajen a Estados Unidos, que accedan a sus activos en territorio estadounidense o que traten con empresas estadounidenses. La reacción presidencial pone de manifiesto cuán importante es para todos ellos la relación con Estados Unidos, a pesar de su actitud de falsa indiferencia. Si tanto les importa viajar a ese país, debieran haber actuado con prudencia. Si tanto les importuna la política estadounidense, por qué acumulan activos en su territorio o contratan los servicios de sus empresas.
El segundo motivo que ha disparado el arrebato presidencial es la contundente acusación de Washington contra el régimen de los Bukele por negociar con las pandillas la reducción de los homicidios, la colaboración en la imposición de la cuarentena y la ayuda en la recién pasada campaña electoral; y por la corrupción asociada a la pandemia y al reparto de alimentos. Ocultar los hechos y obviar la investigación policial y fiscal no han impedido que Washington confirme las denuncias de la prensa nacional. La embajadora y los costosos cabilderos en Washington, y la campaña desinformativa en las redes sociales no han podido esconder verdades de bulto. Descartar las denuncias como “absurdas […] acusaciones diarias” compromete más aún la ya maltrecha credibilidad del régimen.
Es poco probable que Washington haya procedido atolondradamente. De hecho, aporta más información que la prensa nacional. El régimen recompensó los servicios de las pandillas con dinero, teléfonos y acceso a prostitutas. La exjefa del gabinete y vocera principal del régimen ha dirigido también “una estructura de corrupción multimillonaria”, con ramificaciones en las dependencias gubernamentales. La esposa del embajador en Italia autorizó adquisiciones sospechosas relacionadas con la pandemia, contratos inflados y sobornos a funcionarios y asesores presidenciales. Además, utilizó la distribución de alimentos durante la pandemia para promover las candidaturas del partido oficial. Mientras que el carcelero mayor y su madre robaron y vendieron esos alimentos y manipularon la planilla del sistema penitenciario para enriquecerse. Es inverosímil que los Bukele desconocieran estas actividades de su gente de confianza.
Existen, pues, razones para los arrebatos presidenciales. Sin embargo, puede despejar las sospechas y las acusaciones si investiga la corrupción y esclarece las responsabilidades. No lo hará, porque traicionaría a sus servidores más fieles y porque, de hacerlo, alguno, en venganza, podría hablar más de lo conveniente. Perdido en su desvarío, el régimen acusa ahora a Washington de “financiar movimientos comunistas” y amenaza con represalias judiciales a quien hable del tema por herir el honor de los señalados. La mejor defensa del honor es la investigación creíble que los exonere de responsabilidad.
En su extravío, el régimen ni siquiera acierta a definir el estado de su relación con Washington. Desde el vicepresidente para abajo la relación es amistosa. Pero para el presidente “está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada”. En realidad, Bukele reclama lo mismo: “sometimiento absoluto” a su voluntad “o nada”. En este plan se plantó en El Mozote, rodeado de aeronaves y soldados fuertemente armados. Emplazó su podio y sus banderas, destruyó la casa comunal y los puestos de los artesanos locales, y repitió las promesas del año pasado. La colaboración, la amistad y la alianza parten de coincidencias; entre más colaboración y amistad, más intereses compartidos. Pero Bukele exige colaboración, amistad y alianza unilaterales.
Este camino ha introducido al régimen en un callejón sin salida. Pareciera, pues, que es el momento de repensar el concepto de soberanía. Hasta ahora, esta ha sido esgrimida para justificar el curso arbitrario y corrupto del régimen de los Bukele. En un mundo globalizado, es inviable sobrevivir en el aislamiento radical estilo Corea del Norte. La apertura, el compromiso y el sentido común son presupuesto fundamentales para entablar relaciones sólidas y fructíferas para los pueblos.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
