Editorial UCA.
En una entrevista radial sobre la actual Asamblea Legislativa, el rector de esta casa de estudios calificó de nefasta la labor realizada por la bancada cyan y sus aliados. Como era de esperarse, representantes de Nuevas Ideas y de GANA, amplificados por sus seguidores y cuentas troles, vertieron de inmediato descalificaciones y acusaciones infundadas sobre el rector a través de las redes sociales. Acusaciones que bien pueden ser consideradas ataques a la libertad de expresión, difamaciones y daño al honor, y que podrían ser objeto de demanda. Pero más allá de ello, es importante ahondar en los porqués del calificativo “nefasto”.
De acuerdo al diccionario, “nefasto” tiene dos significados: “que causa desgracia o va acompañado de ella” y “que es extraordinariamente malo”. Siendo así, el término calza a la perfección con lo que ha hecho la bancada cyan al romper el orden constitucional para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar en su reemplazo a personas obedientes al Ejecutivo. Ese hecho (avalado por los diputados de GANA, PDC y PCN) y las posteriores reformas a la ley judicial y a la ley de la Fiscalía General de la República han causado un grave daño, una profunda desgracia a la sociedad salvadoreña: han dejado al sistema judicial en manos de personas sin escrúpulos, sin honradez notoria, dispuestas a juzgar no de acuerdo a las leyes, sino según los intereses de un partido y del presidente de la República.
También es una desgracia para el país que no se persiga la corrupción de los funcionarios del actual Gobierno. Con la aprobación de la “ley Alabi” se extendió un manto de impunidad sobre las transacciones indebidas que, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia, enriquecieron a diversos funcionarios y sus familias. Una Sala de lo Constitucional independiente hubiera declarado inconstitucional esa ley, porque ningún Gobierno puede autoaministiarse y porque se impide a la población saber a ciencia cierta qué pasó con los fondos públicos, en qué se utilizaron, si fueron debidamente administrados o, por el contrario, fueron a parar a los bolsillos de empresarios y funcionarios corruptos.
Extraordinariamente malo para El Salvador ha sido aprobar la Ley Bitcoin y destinar más de 200 millones de dólares para su implementación cuando nuestra gente tiene tantas demandas urgentes insatisfechas y en su gran mayoría rechaza el uso del bitcoin como moneda de curso legal. Igualmente nefasto es haberle quitado a los municipios una gran parte de los fondos que recibían a través del Fodes, poniendo fin a lo poco que se había avanzando en materia de descentralización, un factor clave para fortalecer a las alcaldías, que son las que mejor conocen las necesidades de desarrollo de los habitantes de los municipios. Se suma al inventario la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, la cual no contempla la protección de las cuencas hídricas y la participación ciudadana, dos elementos fundamentales para garantizar el derecho al agua. La Ley, además, niega estatuto especial a las juntas de agua, conformadas por ciudadanos, mientras permite concesiones privadas de hasta mil metros cúbicos diarios por 15 años a los desarrolladores de complejos residenciales.
La lista de acciones nefastas de la bancada cyan es mucho más larga. El conjunto de todas ellas ha dado un poder absoluto a la Presidencia de la República. Un poder que el Ejecutivo ha utilizado para continuar en su deriva autoritaria, lo que ha socavado la confianza de la comunidad internacional en El Salvador, afectando incluso la calificación crediticia nacional, que ha llegado a su nivel más bajo de la historia reciente. Por todo ello, la gestión tanto de los diputados oficialistas como del Gobierno será recordada como triste, funesta, una verdadera desgracia para el país.
Editorial UCA.
