Honduras experimenta una crisis política tras la juramentación de dos juntas directivas en el Congreso Nacional: una aprobada por la mayoría de los diputados propietarios en el hemiciclo y la otra por el futuro poder ejecutivo.
De acuerdo con analistas entrevistados por Prensa Latina, una vez conocidos los resultados de las elecciones generales del 28 de noviembre último, al menos una veintena de parlamentarios electos de la organización política de izquierda desconocieron el convenio firmado con integrantes de la alianza opositora.
El Acuerdo Bicentenario, suscrito en octubre pasado entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Salvador de Honduras (PSH) e Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), establecía la renuncia de Salvador Nasralla a su aspiración presidencial y su adhesión a la candidatura Xiomara Castro.
A cambio, la postulante, una vez ganara los comicios, concedería al PSH la elección del máximo cargo en el Congreso Nacional para el periodo 2022-2026, pacto obstaculizado tras la moción presentada por Beatriz Valle durante la primera sesión del hemiciclo el 21 de enero, en respaldo a Jorge Cálix.
«Ellos traicionaron un proyecto político y de reconstrucción, nacido de las bases populares y pensado desde la propia voz de los movimientos sociales. Castro ha sido transparente y ética al mantener su palabra, de ahí la juramentación este domingo a Luis Redondo», explicó a Prensa Latina el analista político Luis Méndez.
Bajo esos argumentos 18 diputados de Libre resultaron expulsados de sus filas luego de manifestar su apoyo a Cálix, ratificado también por los 44 representantes del partido Nacional; 15 del Liberal y uno del Anticorrupción, desde una sesión paralela organizada en el club Bosques de Zambrano de Tegucigalpa.
«Esos acontecimientos no son espontáneos, ni es una cuestión surgida a última hora. La agrupación oficialista y los grupos económicos, presumiblemente afectados por la posible derogación de leyes beneficiosas para ellos establecieron un pacto para el control del Congreso», reveló el académico y educador popular.
Desde la sede parlamentaria, tomada en la noche del sábado 22 por los partidarios de Libre, 96 propietarios y suplentes adoptaron la moción de Luis Redondo, en la presidencia; Hugo Noé, en la vicepresidencia y Carlos Zelaya como secretario; cargos reconocidos por Castro desde su perfil en la red social Twitter.
Méndez aludió a la movilización de la ciudadanía y a su protagonismo en una vigilia convocada en los predios del hemiciclo contra los negocios del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico que representan al actual presidente Juan Orlando Hernández.
«Cálix llegó a la presidencia del Congreso con el respaldo de todos los diputados nacionalistas y no con la mayoría de los diputados del que era su partido. Se habló incluso de que algunos de Libre recibieron la cantidad de tres millones de lempiras y un auto blindado por su voto», indicó a Prensa Latina el experto René Hernández.
¿GOLPE PARLAMENTARIO?
Para Giorgio Trucchi, periodista italiano en Centroamérica y analista político, la alianza entre Libre, PSH y el PINU determinó la obtención de más de un millón 700 mil boletas para Castro, la más votada en la historia reciente de Honduras, y demostró la voluntad popular de poner fin a los gobiernos corruptos.
A su juicio, los ciudadanos, amparados en la vía democrática, también ejercieron su derecho al sufragio contra los denominados poderes fácticos que incluyen a los grupos económicos y las grandes familias, detrás de las decisiones políticas, el control del país y el impulso de un modelo neoliberal profundamente extractivista.
Tras resultar vencedora, Xiomara Castro conformó varias comisiones encargadas del traspaso de mando, de las secretarías y ministerios y de la recepción de las propuestas y demandas de movimientos sociales, indígenas, sindicados, mujeres, comunidad LGTBIQ+, jóvenes, migrantes, entre otros.
El análisis en estas mesas de trabajo incluyó también el estudio de la parte legal para su aprobación, los decretos legislativos y presidenciales y las modificaciones o derogaciones de leyes en el escenario del Congreso, medidas que afectarán los intereses de los grupos hegemónicos.
«No debe sorprendernos entonces lo sucedido en el hemiciclo hondureño», apuntó Trucchi a Prensa Latina, pues representa «la búsqueda de caminos para impedir la pérdida del poder, mediante la compra de conciencia y de votos y, por consiguiente, la traición a su partido y a los electores».
El analista recordó los argumentos de los 18 diputados en apoyo a Cálix y a Beatriz Valle, protagonistas de la intentona golpista parlamentaria y quienes justificaron su comportamiento con un supuesto apoyo a Castro en el futuro, pero, en la práctica, «es mentira».
Su objetivo, reconoció, es evitar que en Honduras exista un verdadero cambio, democratización y refundación y que se trastoquen los intereses de las esferas de poder, responsables de la destrucción del territorio centroamericano, y constituye una estrategia de contención al Plan de Gobierno de la mandataria electa.
Restan también las reacciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya que, fundamentalmente esta última, fue cómplice del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, con una postura agresiva y represiva a las protestas sociales, si bien ambas autoridades manifestaron ya su respaldo a Xiomara Castro. (PL)
