El pasado fin de semana se conoció la existencia de otro cementerio clandestino con 26 cadáveres en Nuevo Cuscatlán, en la “Hacienda Suiza”, a menos de un kilómetro del centro urbano de ese municipio de La Libertad.
El macabro hallazgo fue confirmado por el propio ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El tenebroso lugar es el mismo donde fueron encontrados los restos de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo y de la futbolista Jimena Ramírez, desaparecidas el año pasado.
El dantesco acontecimiento, que ha generado una fuerte indignación ciudadana, demuestra claramente tres cosas. La primera es la falacia de la “reducción de asesinatos” y los “días con cero homicidios” tan publicitados por el aparato de propaganda gubernamental y por el propio presidente Nayib Bukele en sus redes sociales.
La segunda es la inexistencia o ineficacia del cacareado “Plan Control Territorial” que no existe o no funciona. El desconocido plan que concentra la estrategia y acciones de seguridad pública de este gobierno es un colosal fracaso, por mucho que la narrativa oficial intente convencer a la población de que es su “mayor éxito”, junto con el también “exitoso manejo de la pandemia de COVID-19”.
Y la tercera es que el control del territorio -realmente- lo siguen teniendo las pandillas. El verdadero “plan control territorial” es la sofisticada estrategia pandilleril para mantener su dominio en muchas comunidades urbanas y rurales del país y su capacidad para negociar beneficios con los gobiernos de turno.
El periodismo investigativo ha demostrado que la administración Bukele -igual que gobiernos anteriores- tiene acuerdos con pandillas para “reducir asesinatos”, es decir: ocultar a las víctimas en cementerios clandestinos para decir que “no hay homicidios”. Esta situación también ha sido confirmada por ex fiscales que investigaban sobre negociaciones gubernamentales con maras.
En este espacio editorial insistimos por enésima vez en el llamado al gobierno a implementar un plan real de seguridad pública que combine eficazmente represión y persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia.
A casi tres años de haber asumido la presidencia, Bukele y sus hermanos deberían entender que los problemas del país no se resuelven con propaganda, sino con políticas públicas reales; y que el aumento de las desapariciones y los descubrimientos macabros como los de Nuevo Cuscatlán o Chalchuapa confirman que la realidad termina imponiéndose.
Editorial ARPAS
