El Gobierno pretende invisibilizar el drama de los presos políticos; fuera de los familiares y amigos de estos, apenas se habla del tema.
Muy probablemente ello obedece a que en muchas personas pesa el temor de que al abogar por los presos políticos se les acuse de defender a Arena o al FMLN. Otros quizá piensan que los privados de libertad por el actual Gobierno no responden a la definición clásica de preso político: una persona confinada en una cárcel debido a sus ideas o su actividad política.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establece que 5 factores definen a un preso o presa política. El primero, que en la detención se hayan violado las garantías fundamentales. El segundo, que la privación de libertad esté motivada por razones puramente políticas, sin conexión con delitos. El tercero, que la duración del encarcelamiento o sus condiciones no guarden relación con lo que dicta la ley. El cuarto, que la persona sea recluida de manera distinta a otros. Y el quinto, que la detención sea resultado de procedimientos claramente injustos. Los exfuncionarios detenidos por el Gobierno de Nayib Bukele cumplen con varios de esos factores.
Es evidente que se está ante una persecución dirigida a miembros de partidos a los que el presidente quiere liquidar. Queda claro que esa persecución obedece a motivos políticos porque, en contraste, no incluye, por ejemplo, a funcionarios del actual Gobierno que ganan más de lo que el presupuesto establece para su cargo, ni a otros vinculados a actos de corrupción cometidos durante los primeros meses de la pandemia, ni a los señalados en la Lista Engels. Además, a los detenidos no se les ha respetado el debido proceso que manda la ley para que puedan defenderse.
En el caso de Ernesto Muyshondt, un tribunal le dictó arresto domiciliario mientras esperaba juicio; la medida fue ratificada por un tribunal de apelaciones. Sin embargo, el director general de centros penales se negó a liberarlo argumentando razones disparatadas. Luego, cuando Nayib Bukele hubo nombrado, a través de sus diputados y diputadas, a sus magistrados, estos decretaron que el exalcalde siguiera en prisión. El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador ha denunciado que a los detenidos se les han violado sus derechos fundamentales. Hasta la fecha, no han podido ver a sus parientes ni a sus abogados. Es tan extrema la situación que los familiares han tenido que recurrir a las redes sociales y a los medios de comunicación en un intento de que a los detenidos que padecen enfermedades crónicas les entreguen medicamentos.
Por supuesto, la inocencia o culpabilidad de los detenidos deberá determinarse en un juicio, pero para que tal cosa sea posible, los acusados deben tener todas las garantías legales, algo que no está sucediendo. Con premeditación, se les está infligiendo un castigo severo, irracional, sin asidero legal; muy similar al que Daniel Ortega aplica en Nicaragua a sus opositores. En las verdaderas democracias, no hay presos políticos. En un país libre, nadie guarda prisión con independencia de lo que dictan los jueces y las leyes.
