Hay una lucha en El Salvador que es de vida o muerte, literalmente. Es la lucha por el agua, el vital líquido sin el cual no podemos vivir.
El agua disponible para el consumo humano se agota en nuestro país debido factores como: el uso intensivo en la industria de bebidas y monocultivos como caña de azúcar, la desprotección de las fuentes hídricas y cuencas y la contaminación de más del 90% de los ríos y quebradas, según estudios del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN).
Y esta situación podría ser peor si se concretan graves amenazas, entre las que podemos mencionar la realización de proyectos urbanísticos como “Valle El Ángel” ubicados sobre acuíferos subterráneos y la explotación minera, nociva industria extractiva a la que el oficialismo le ha vuelto a abrir las puertas a pesar de existir una ley que la prohíbe en forma definitiva.
Otro peligro mortal tiene que ver con el acelerado deterioro del Río Lempa, el principal afluente del país que cada día disminuye su caudal y aumentan sus niveles de contaminación. El pasado 14 de marzo fue el “Día Nacional del Río Lempa”: la conmemoración pasó desapercibida para el gobierno y el presidente Nayib Bukele, quien prefiere hablar sobre bitcoin, los dudosos logros de su publicitado “Plan Control Territorial” o las medidas para crear “paraísos de libertad” para inversionistas.
Esta desidia estatal frente a la gravísima situación del agua se confirma también con la negativa presidencial de firmar el Acuerdo de Escazú y la no reversión de los componentes privatizadores de la Ley de Recursos Hídricos aprobada por la autodenominada “bancada cyan” y sus aliados parlamentarios, la cual no incorporó propuestas de organizaciones ambientalistas, académicas y religiosas que por muchos años han promovido un marco jurídico que asegure el derecho al agua suficiente y de calidad para toda la población.
Con toda razón, este martes 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, las organizaciones exigirán que el oficialismo retome las propuestas sobre el carácter totalmente público del ente rector de las políticas del agua, la protección de las cuencas, la participación comunitaria en la gestión de los bienes hídricos y un régimen tarifario justo.
Ojalá esta demanda sea de toda la población y no sólo de las organizaciones sociales, pues -como dijimos- es un asunto de vida o muerte.
Editorial ARPAS
