Uno de los componentes centrales de la estrategia comunicacional del actual gobierno es la difusión de “discursos fake”, es decir, narrativas falsas que buscan instalar en el imaginario de la población percepciones distorsionadas de la realidad social.
Algunos de estos relatos son “discursos de odio” que el gobierno lanza contra todos los que considera oponentes o adversarios: políticos de oposición, periodistas críticos, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos que disienten del relato oficial en medios de comunicación y redes sociales. Todos éstos son descalificados, estigmatizados y presentados como enemigos del gobierno y, por tanto, “enemigos del pueblo”.
Y, en el marco del estado de excepción y la actual ofensiva gubernamental contra las pandillas, esta narrativa ha dado un giro aún más peligroso acusando a periodistas y organizaciones sociales de “defender a las maras”.
Este “discurso de odio recargado” -cuyo principal vocero es el propio presidente Nayib Bukele- coloca en el bando de los “protectores de la maras” a periodistas que han revelado pactos gubernamentales con esos grupos criminales, organizaciones que cuestionan la falta de verdaderas políticas de seguridad pública y hasta instancias internacionales como la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), a la cual el gobernante salvadoreño acusó de “defender a las maras”. Increíble, pero cierto.
Y esto es muy grave porque al desacreditar al periodismo y a las organizaciones sociales, el presidente Bukele y sus acólitos -además de poner los periodistas y activistas en grave riesgo de ser víctimas de actos de violencia o atentados contra su vida- también destruyen la democracia debido a la función clave que ambos tienen en la vigencia de los derechos humanos, la transparencia y el estado de derecho.
Podría decirse, entonces, que “la democracia también se destruye con mentiras” que buscan exacerbar el odio social contra periodistas, medios, activistas y organizaciones ciudadanas. Es decir, un régimen democrático no sólo se desmantela cooptando instituciones, violentando leyes y aplicando métodos autoritarios para gobernar, sino también pregonando narrativas falsas, discursos de odio y estrategias publicitarias que violentan los más elementales principios éticos.
Opinión ARPAS
