Detenciones arbitrarias

En el marco de la actual campaña de limpieza social adelantada desde el gobierno, las detenciones alcanzaron de acuerdo a las autoridades de seguridad pública, algo más de 13, 000, de entre las cuales y en conferencia de prensa, el ejecutivo admitía hasta un 1% de detenciones injustas, es decir, personas que no son delincuentes perseguidos, lo que se traduce en alrededor de 1,300 personas detenidas arbitrariamente.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Asumamos esa cifra como cierta, lo que implica 1300 familias que sin haber sus miembros detenidos cometido ningún delito, se encuentran mezclados junto a la población carcelaria común y condenada, expuestas a las presiones de estos, y que por supuesto para sobrevivir, podrán vincularse en alguna medida con las estructuras delincuenciales.

Por supuesto esta especulación se corresponde a la cifra ofrecida por el propio presidente, quien, dicho sea de paso, no ofreció en aquella rueda de prensa ninguna solución a los afectados o a sus familias, como tampoco una disculpa por la equivocación cometida por las fuerzas de tarea, reduciéndose a citarlo como parte del discurso triunfalista por el supuesto éxito de la empresa.

Sin embargo, el descarnado ejemplo citado arriba no sólo evidencia lo equivocado del esquema adelantado para realizar capturas, pues las autoridades debieran ya poseer como parte de sus registros de inteligencia, identificados con precisión a los delincuentes, por simple economía pues no se capturan así inocentes equivocadamente identificados, y los agentes partícipes no se agotan con tareas estériles e injustificadas.

Ello no obstante ser patente que se persigue solo a una de las dos grandes estructuras terroristas, la más numerosa, mientras la otra es simplemente obviada por los grupos de tareas, lo que reduce a ésta a otra campaña propagandista del régimen, por lo que muy seguramente aquellos que son detenidos injustamente no sólo no serán resarcidos, sino que tampoco su honra será recuperada desde el estado.

Entonces concordemos que una detención arbitraria no sólo es injusta, pues supone un daño irreparable a la imagen y honra del afectado, pues se le deniega la libre circulación, de reunión, de expresión, etcétera, redundando todo ello en un perjuicio en su dinámica de relaciones interpersonales y laborales, las cuales las más de las veces no se recuperan, pues el daño y en razón de nuestra idiosincrasia, le persigue indefinidamente como una sombra.

Añadamos a la fórmula la carga politiquera que el régimen le ha impreso en las actuales circunstancias a la justificación de la campaña de limpieza social adelantada, que tiene por propósito el recuperar al creciente número de desencantados a los que ya no convence la retórica de “las manos limpias» e incorruptibles, y que la evidencia patenta crudamente que son tan pícaras como las de cualquier dandi latino, acostumbrado al buen vivir a costillas del erario público.

No, es otra improvisación, con el dirigido propósito de recuperar la imagen alicaída del régimen, cuyas consecuencias serán incluso más graves, por las demandas que derivarán, y que tocará al estado asumir.

Entonces y a pesar del triunfalismo, será un nuevo fracaso.

*Educador salvadoreño

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