En octubre del año pasado, el Foro del Agua presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo entre ANDA y una empresa de la familia Dueñas que permitía a esta última extraer 240 litros de agua por segundo dentro del proyecto urbanístico Valle El Ángel.
Siete meses más tarde, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda argumentando que si bien las aguas subterráneas pertenecen al Estado, la concesión de su uso puede ser otorgada por ANDA, sin pasar por la Asamblea Legislativa, si dichas aguas están debajo de propiedad privada. Este vergonzoso y servil modo de administrar justicia atenta contra una reserva acuífera para satisfacer las ansias de negocio y ganancias de un grupo de capitalistas carente de escrúpulos. El abuso del agua y la tendencia a privatizarla como si fuera un simple bien de mercado hacen estragos en el país.
En realidad, 240 litros por segundo es el equivalente a más de 800 metros cúbicos de agua por hora. Y esa cantidad, extraída en solo 60 minutos, sería suficiente para atender las necesidades de más de 130 hogares durante un mes. Se trata, pues, de una concesión abusiva que se da sin mayor estudio ni reflexión sobre la problemática ambiental nacional, los efectos del calentamiento global y las necesidades de la población.
Según el sexto informe del Estado de la Región, El Salvador es el país centroamericano con la menor disponibilidad de agua por habitante. Y dado el aumento de las temperaturas, pronto experimentará aún mayores problemas. En ese contexto, el país debería examinar a fondo la cuestión y tomar ya todas las medidas requeridas para garantizar un futuro viable. Dada su pluviosidad, nuestro territorio debería tener los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de todos los hogares; es decir, disponer de entre 5 y 10 metros cúbicos de agua al mes para cada hogar.
Sin embargo, el afán de proteger a los sectores pudientes, abandonando al resto a su suerte, ha ido creando una situación límite en torno al agua. El mal servicio de ANDA, en particular en las zonas marginales o de pobreza, agrava esta realidad.
En la Laudato si, el papa Francisco señala que “un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres”. E insiste en el destino universal de los bienes creados. En esa línea, cuando la Constitución salvadoreña dice que las aguas subterráneas son propiedad del Estado, lo que afirma es que pertenecen a todos. Privatizar el agua, por tanto, constituye un robo. El Estado, lo dice la Carta Magna, está al servicio de todos los salvadoreños, no solo de los ricos y la clase media acomodada, quienes pueden pagar por un servicio esencial para la vida.
El texto constitucional es muy claro: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Poner en peligro la distribución del agua para todos los habitantes de El Salvador es atentar contra la justicia, el derecho de los pobres y el bien común.
Editorial UCA
