Desde que asumió la presidencia de El Salvador, en junio de 2019, Nayib Bukele ha convertido a uno de los países más pequeños y uno de los más pobres del hemisferio occidental en una jaula de oro a su imagen y semejanza.
Por: Ricardo Valencia*
Desde 2018, cuando se celebró la última Cumbre de las Américas, a la que se realizará a partir del 6 de junio en Estados Unidos, El Salvador ha pasado de ser una democracia imperfecta a un régimen híbrido que lo acerca a la autocracia personal.
Bukele ejecuta una política que busca consolidar la mayor cantidad de poder posible, aislar al país del sistema financiero internacional y criminalizar la crítica y el periodismo independiente. En los últimos meses, el país ha caído 30 puestos en el índice de Libertad de Prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, ha expulsado a miles de salvadoreños —entre los que cada vez hay más que piden asilo político en terceros países— y ha declarado un estado de emergencia contra las pandillas que ha causado decenas de arrestos arbitrarios y otras vulneraciones de los derechos humanos, como el asesinato de nueve personas durante sus detenciones. Hasta el 16 de mayo de 2022, más de 30,000 salvadoreños habían sido detenidos y las historias de arrestos sin causa son cada vez más comunes, tanto en los medios nacionales e internacionales como en las redes sociales. Pese a la supuesta popularidad del estado de emergencia cacareada por Bukele, encuestas sugieren que la población está polarizada entre los que apoyan la medida y los que la rechazan. Tanto que la mayoría de la población se opone a detenciones sin ordenes judiciales.
A diferencia de la autocracia de la familia Ortega Murillo en Nicaragua, la jaula de Bukele no usa la diatriba revolucionaria. El presidente de El Salvador utiliza una retórica populista sin tintes ideológicos que le permite aglutinar alrededor de su persona a la izquierda pro-Rusia y a la extrema derecha que flirtea con el neofascismo. Es la estrategia camaleónica de un autócrata rojipardo que puede estar un día alineado con Estados Unidos para al otro estar con China. En tres años, Bukele ha pasado de expulsar a los diplomáticos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a guardar silencio contra la ocupación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Managua y la invasión rusa de Ucrania.
Su descarada acumulación de poder inició a mediados de 2021 cuando Nuevas Ideas, su partido, ganó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y destituyó ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para nombrar nuevos magistrados leales a él. Estos mismos son los que han abierto la posibilidad de la reelección presidencial, a pesar de que la misma Constitución salvadoreña lo prohíbe expresamente y de la condena internacional, especialmente del gobierno de los Estados Unidos.
Bukele ha pagado cara su animadversión contra Estados Unidos. En enero de 2023, el gobierno de El Salvador deberá pagar 800 millones de dólares en bonos internacionales. La primera opción de Bukele fue buscar financiamiento a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero tras la destitución de los magistrados de la Corte Suprema, las negociaciones con se estancaron al mismo tiempo que Estados Unidos —uno de los máximos financistas del organismo multilateral— criticaba las acciones autoritarias de Bukele.
Uno de los más enérgicos desencuentros entre Washington y San Salvador han sido las sanciones contra varios funcionarios de Bukele, entre ellos el viceministro de Justicia, Osiris Luna y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. El gobierno de Estados Unidos asegura que Luna y Marroquín han negociado tratos con las pandillas transnacionales que tienen extensos tentáculos en ese país. El 17 de mayo de 2022, el sitio El Faro publicó audios de conversaciones entre Marroquín y líderes de pandillas en las que el funcionario de Bukele revela que el estado de emergencia se debió al rompimiento de la tregua entre el gobierno y las pandillas. Al mismo tiempo, Marroquín asegura que el mismo Bukele está al tanto de esas conversaciones. Hasta el momento, el mandatario salvadoreño no ha respondido a los audios, a pesar de que gobierna a golpe de tuit.
La imposibilidad de un acuerdo con FMI obligó a Bukele, en septiembre de 2021, a encontrar una solución heterodoxa ante una crisis fiscal: convertir a la criptomoneda Bitcoin en una moneda de uso legal. Para esto, Bukele invirtió al menos 150 millones de dólares impuestos de la gente de El Salvador en la adopción de la criptomoneda. Desde entonces, la situación financiera del país ha empeorado. Para mayo de 2022, El Salvador se ha convertido en la nación con mayor riesgo de impago en América Latina, detrás de Venezuela, y sus bonos internacionales tienen uno de los peores rendimientos en el mundo junto a Ucrania y Bielorrusia.
Bukele alarma con su política mesiánica, impredecible y autoritaria tanto a ejecutivos de fondos de cobertura —quienes creen que su liderazgo económico es deficiente— como a organizaciones que se muestran preocupadas por los abusos a los derechos humanos de los salvadoreños más pobres. Todo esto ha llevado a Bukele redireccionar su mensaje a la última audiencia que lo apoya: los votantes salvadoreños.
Cuando Bukele ganó la presidencia muchos salvadoreños esperaban que trajera un aire modernizador que acabaría con tres décadas de bipartidismo entre la Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Su programa de gobierno prometía transparencia en la información pública y una comisión internacional contra la impunidad. El mandatario prometía también mejorar las relaciones con Estados Unidos y abrirse al mundo. Contrario a esto, Bukele ha construido una jaula de oro para sí y sus allegados que lo blinde de la crítica y sanciones internacionales. Pero contrario a la autocracia de los Ortega Murillo, no tiene una extensa retaguardia geopolítica en Rusia, Venezuela o Irán.
Los únicos aliados internacionales que le quedan al mandatario es la facción más fanatizada de los usuarios de criptomonedas, quienes han pasado de ser simples seguidores a asesores informales. Lo que para Bukele es una jaula de oro se ha convertido para los salvadoreños en una jaula de latón: la economía amenaza con desplomarse y los más pobres del país tienen que decidir entre el riesgo de ser capturados por la Policía o salir del país, con documentos o sin ellos.
Los únicos seguros son los amigos del presidente. El resto puede ser desaparecido en el sistema penitenciario como lo evidencian los centenares de salvadoreños que se congregan a las afueras de las cárceles para obtener noticias de sus familiares arrestados. En esta autocracia rojiparda solo la palabra de Bukele importa. Para mala suerte del mandatario salvadoreño, las palabras de la banda mexicana Los Tigres del Norte evidencian el riesgo de vivir en un cómodo aislamiento y pensarse inalcanzable: “Aunque la jaula sea de oro, no deja ser prisión”.
*Profesor asistente de la Universidad Estatal de California en Fullerton.
Fuente: The Washington Post
