Los procesos judiciales de carácter penal, tienen el propósito último de “hacer justicia», en términos de dar la razón jurídica a quién así la tiene, y para tranquilidad de la sociedad, así como derivando de ser necesario, la debida sanción cuando la evidencia y el dictamen final así lo impongan.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
En tal sentido la llamada evidencia debe afirmarse en hechos, en una sustancia que pueda medirse, catalogarse, comprenderse y tener efecto, por lo que debe en consecuencia ser concreta, y no producto del cumus uranus.
Ello por un principio llanamente económico puesto que los recursos de los que dispone el aparato judicial son finitos, como valioso el tiempo de sus actores, y, por tanto, determinante para el interés público el que se usen con propiedad y de ser posible, con frugalidad.
Empero, lamentablemente como sociedad estamos acostumbrados a ver, generalmente con pasividad, como se derrochan fútilmente los recursos asignados al ente judicial, cuando por ejemplo llegado agosto y no habiéndose manejado oportunamente los recursos asignados para el ejercicio por el estado, se derivan a devaneos como celebraciones, fiestas, compras de bienes, contrataciones objetables, etcétera, con el fin de satisfacer caprichos personales pues, de todas formas, son las deudas del rey.
Tales vicios los vemos ahora agravados con la cooptación del aparato judicial con elementos partidarios del oficialismo, quienes están ahí no solo para satisfacer legitimando desde lo legal los caprichos del caudillo, pero además para asegurar su agenda desde el mismo ámbito judicial.
En tal línea la reciente presentación de una causa en contra de la dirigencia de uno de los principales partidos de la oposición, por supuesta incitación a la sedición derivada de una entrevista en un medio televisivo, es apenas un vulgar y bajero intento por congraciarse con el líder procurando mediante una acusación insustancial, desembarazarse de quienes se supone son una seria amenaza para el interés de éste.
Ello porque claramente un magistrado con algún nivel de equilibrio mental en estas circunstancias, daría por recibida la notificación para luego reírse en privado por aquel sinsentido, y finalmente pronunciarse seriamente desechando el caso por carecer de evidencia alguna.
Pero esto es El Salvador, y acá primero lo así dicho por los acusados fue sacado de contexto y tergiversado intencionalmente, con el fin arriba señalado, para luego ser apoyado desde fuera del sistema por los troles y medios oficiales quienes replican como mantra la acusación para afirmarla entre la población, alienándola mientras esta comienza a repetirla como verás en el afán de generar la suficiente presión social que orille a los estos nuevos y débiles funcionarios judiciales, a ceder a tal presión, promoviendo así otras detenciones injustas por razones políticas y personales.
Entonces tenemos en juego a la vez un juicio político, que responde al interés de eliminar jurídicamente a posibles competidores electorales del líder, a la par de un juicio paralelo, orientado a lograr el apoyo de la población mediante una campaña alienadora diseñada con ese específico propósito.
¿Y la aplicación de la justicia?
Bien, gracias.
*Educador salvadoreño
