¿Aló buenas tardes hablo con don Juan Pérez? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Le hablamos del Banco X quiero decirle que esta llamada será grabada.
Ese mensaje lo hemos escuchado en más de una ocasión, es un recurso que utilizan las instituciones financieras, distribuidoras de electrodomésticos, aseguradoras, telefónicas y muchas entidades privadas para obligar a alguien a escuchar el final del mensaje.
La pregunta es ¿Qué hacen con las grabaciones y cuándo son destruidas? ¿Quién supervisa la destrucción y/o uso de las mismas? Pues hasta hace unos días, muchas de las llamadas grabadas sin autorización eran almacenadas en una cinta magnetofónica y eran usadas a discreción de la Fiscalía General de la República y no eran destruidas.
El artículo 23 de la Ley Especial para la intervención a las telecomunicaciones, da facultad a un aplicador de justicia para que después de seis meses puedan ser destruidas y no sean utilizadas como prueba pericial en un juicio, en términos generales a eso se le conoce como: “Seguridad Jurídica”, y es la Asamblea Legislativa por constitución la garante de que eso sea cumplido.
El artículo 131 de la Constitución de la República, estable entre otras cosas que el primer Órgano de Estado es responsable de hacer interpretaciones auténticas de las leyes aprobadas.
El pasado 15 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos de todos los partidos políticos, la interpretación auténtica del artículo 23 de la ley de “escuchas telefónicas” como se le conoce popularmente.
La Organización de Abogados Independientes (OAI), señaló en días recientes, que “corresponde a la Asamblea Legislativa una interpretación auténtica y no dejar de forma discrecional que se permita vulnerar derechos humanos, actuando arbitrariamente con escuchas telefónicas de forma antojadiza”, respaldando así la actuación de la mayoría calificada en el congreso para dar seguridad jurídica a todos los salvadoreños.
La organización de abogados hizo un llamado a la comunidad jurídica, para que jueguen un papel activo en la defensa del Estado de Derecho en El Salvador.
