El proyecto de Constitución del vicepresidente promete un nuevo Estado “democrático” y “moderno”, “un modelo político” de larga duración. Según su patrocinador, es tan novedoso que Bukele lo adoptará como “programa de gobierno”. Asume, pues, el vicepresidente que este se reelegirá.
Por: Rodolfo Cardenal*
Pero el proyecto conserva “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia”. Otra contradicción es que una nueva Constitución ya fue descartada por el presidente de la legislatura, es decir, por el mismo Bukele, a quien la Corte Suprema ya dio vía libre para reelegirse. El “empoderamiento” ciudadano mediante “el referéndum y la consulta revocatoria del mandato”, dos joyas para el vicepresidente, carece de valor en un régimen que desconoce la institucionalidad democrática.
El compromiso democrático del vicepresidente tampoco es creíble. Criminaliza a la prensa por utilizar fuentes que ponen en evidencia las conspiraciones del Ejecutivo. Desvaloriza la negociación con las pandillas con la falsa distinción entre acción personal y acción estatal. El funcionario que negocia acuerdos con las pandillas actúa a título personal, porque “eso sigue sin ser una política de Estado”. Tampoco lo es sacar del país a uno de los líderes de las maras reclamado por Washington. Cuando le preguntan si investigan las actividades de este funcionario que actúa por su cuenta, alega que eso “está fuera de mi campo de acción. Es el gobierno que debe decidir eso”. O sea, el vicepresidente no forma parte de la administración del Estado.
La arbitrariedad de la excepción vuelve a ser motivo de tropiezo. El vicepresidente no solo reitera la existencia de “víctimas inocentes y daños colaterales”, sino también abunda con otra frase trillada: “La gente se ve afectada porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Una afirmación inaceptable en un constitucionalista, ya que legitima la ilegalidad.
Pero, esa, según él, “no es una política de Estado”. Y, otra vez, se embrolla, ya que, justamente antes, afirmó que “la política de Estado es proteger a la población”. La confusión deriva en mentira. Es materialmente imposible que “más del 95% de las capturas” de los más de 40 mil detenidos hayan sido “validadas por los jueces”. La masividad de las audiencias impide que los fiscales, los defensores y los jueces valoren la prueba contra los detenidos. Los fiscales y los jueces simplemente ratifican la acción policial y militar.
No satisfecho, el vicepresidente arremete contra los pastores evangélicos, uno de los sectores sociales que más ha hecho para rescatar y reintegrar a los pandilleros en la comunidad, algo que no figura en la agenda gubernamental. El esfuerzo de los pastores, según la jurisprudencia vicepresidencial, los convierte en criminales, al igual que el periodista que utilizó una fuente de las pandillas. Pero no al funcionario presidencial mencionado en los audios.
La obcecación ciega. En lugar de atender al contenido de los audios, ataca al mensajero; y en vez de apreciar el bien que hacen los pastores, los acusa de criminales y terroristas. El contacto con los pandilleros, en sí mismo, incrimina. Sin embargo, la intolerancia vicepresidencial pone de manifiesto el fuerte arraigo social de las pandillas, la imposibilidad de acabar con ellas con la violencia y el terror, y el abismo que separa al régimen de Bukele de la realidad popular. Sin pretenderlo, el vicepresidente dice más de lo que quisiera.
La guerra que el régimen dice estar ganando a las pandillas es una muy peculiar, porque su enemigo está fundamentalmente desarmado y, en consecuencia, su capacidad de fuego es muy limitada. La cantidad de armas capturadas es ridícula en comparación con la cantidad de detenidos por Bukele. Este dato confirma que el desafío no es fundamentalmente militar, sino social, económico y cultural. Pese a ello, aquel persiste en gastar millones de dólares en armamento y equipo de guerra. Dado el carácter del enfrentamiento, esas adquisiciones tienen una finalidad muy distinta a la atribuida por el régimen. En ningún caso constituyen, como alegan los militares, “una necesidad básica e indispensable”.
Las bondades jurídicas, sociales y políticas del proyecto de Constitución son anuladas por la gimnasia mental del vicepresidente en su esfuerzo por justificar los atropellos de la dictadura de la cual forma parte. No es realista que un régimen arraigado en la inconstitucionalidad se interese en un orden constitucional. Un vicepresidente creíble reconocería la brutalidad de la represión policíaca y militar, la violencia clasista, la obstrucción deliberada del derecho de defensa a más de 50 mil prisioneros, la negación del derecho de sus familiares a estas informados sobre su paradero y su situación jurídica y personal, la responsabilidad gubernamental en las muertes acaecidas en las cárceles y, en un palabra, la inexistencia del Estado de derecho.
Eso no ocurrirá, porque la credibilidad implica honestidad e independencia. Y en la actualidad, quien se propone ser decente y libre, cae en desgracia, es decir, es despojado de las prebendas y los privilegios. El vicepresidente no está dispuesto a jugarse el cargo en la defensa de la constitucionalidad y la ciudadanía.
*Director del Centro Monseñor Romero.
