Antes de iniciarse el conflicto armado que asolo nuestro país en los años 80’s, agentes del estado bajo la protección de éste materializaron el secuestro, tortura, violencia sexual y desaparición física de hasta 22, 000 ciudadanos salvadoreños, quienes, por razones políticas fueron sometidos a este género ilegal de violencia estatal.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
El secuestro y desaparición material de una persona no solo es la desaparición de esa persona, implica violar el tejido mismo de la institucionalidad del estado, de la comunidad, de la familia, del patrimonio, del sujeto afectado, de su entorno, de la vida misma, pues constituye un delito pluriofensivo, dadas las implicaciones nocivas que tiene para con todo y con todos en sociedad.
Responsable es el estado, pues son sus agentes los ejecutores materiales de estos crímenes, pero también y en el rango de cómplices lo son las clases pudientes y dominantes, quienes se constituyen como los financistas que aprueban además los objetivos que serán alanceados.
El colmo del grado de impunidad del que gozaron entonces era tal, que D’aubuisson, ex mayor del ejército, ideólogo de derecha, fundador del partido Arena como de los tenebrosos escuadrones de la muerte, advertía descaradamente desde la televisión los viernes a las futuras víctimas por nombre y apellido lo que les sucedería, describiendo además el lugar de tránsito cotidiano en el que se lo desaparecería.
Esto porque en los años 70’s y 80’s, período en el que esta práctica se profundiza cuando con lujo de barbarie los hechores, elementos de los llamados S2 de la GN, PN, PH como de la FFAA, sustraían a sus víctimas públicamente, en el afán de transmitir el tormentoso mensaje de «…te puede pasar también…” a los testigos casuales del hecho, para luego someter al raptado a los más brutales vejámenes, que incluían rotura de huesos, desfiguración, desmembramientos, despellejamiento, etcétera, para ser finalmente distribuidas sus partes en las ciudades del interior a la vista de todos, o simplemente lanzados al campo de lava del volcán de San Salvador, hacia donde se dirigían las familias y allegados en su busca.
Aún ahora y con alguna paciencia, pueden ser encontrados restos humanos ahí; por otro lado, las prácticas de aquellos criminales se siguen ejecutando en la barbárica emulación que sufren los desaparecidos ahora, en el marco de la violencia social que nos aflige.
El factor común: la impunidad desde el estado, porque responde a una política de estado establecido y perpetuado, lo que implica un marco ideológico que lo sustenta, pero además cultural, que es el conservadurismo duro.
Ahora, todos sabemos que sucedió, pues el estado salvadoreño ha sido condenado por ello en múltiples ocasiones, y, sin embargo, lo niega, pues aceptarlo abre la puerta a multitud de reclamos, que entre otros supone indemnizaciones.
Pero además sigue sucediendo, pues es probado que agentes estatales continúan esta práctica, así como la tortura y el asesinato, lo que se agrava en la medida que la población naturaliza tales aberraciones.
La historia tiene un único dictamen para ello: un ciclo sin fin de violencia.
*Educador salvadoreño
