Familiares de detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador marcharon esta semana para exigir que se haga justicia ante lo que consideran capturas arbitrarias y se respeten los derechos de sus parientes.
Los familiares se movilizaron hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador (capital), para solicitar a los jueces la libertad a sus parientes, afirmando que fueron detenidos arbitrariamente.
El representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), Samuel Ramírez, criticó la actuación de los jueces de instrucción al aseverar que han aumentado los plazos procesales en vez de apegarse a la Constitución y la ley.
Además, expresó que esto se realiza «sin que la Fiscalía General de la República justifique cabalmente la petición de prórroga del plazo de instrucción pues en seis meses no han podido encontrar pruebas que vinculen a la mayoría de detenidos con delitos de asociaciones ilícitas».
Por su parte, la dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Sonia Urrutia, pidió en nombre de los familiares que se hagan inspecciones en los centros penales, argumentando que no cumplen con las normas básicas de los derechos humanos.
Igualmente, los manifestantes rechazaron la extensión del estado de excepción y pidieron a los diputados del que derogue esta medida.
En la víspera, la plenaria de la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó extender el plazo del estado de excepción durante 30 días más, con 67 sufragios a favor, ocho en contra y cinco abstenciones.
El Gobierno salvadoreño ha afirmado que esta medida forma parte de lo que denomina como «guerra contra pandillas». Sin embargo, organizaciones sociales han denunciado que durante los procedimientos realizados se ha detenido a varios ciudadanos de forma arbitraria.
