Desde el anuncio presidencial hace más de un año, dónde nos encontramos en un proceso de reforma previsional cada vez más sinuoso, turbulento, falto de transparencia—en una respuesta sencilla, no lo sabemos—la única base que tiene asiento es que se trata un negocio, mientras el asunto en cuestión involucre intereses económicos a determinados grupos corporativos dominantes (AFP), que siguen lucrándose para su propio beneficio, e impidiendo que la reforma cubra satisfactoriamente a quienes son los dueños de los fondos de pensión.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Quienes aplicaron el sistema de cuenta individual, han retrocedido en su reforma, y se impone volver al sistema de reparto—solidaridad intergeneracional y salarial—sabemos que sólo El Salvador y Chile se van quedando, esa situación es clara que un sistema de sustitución (sistema público por un sistema privado) no ha sido una decisión favorable a los intereses de las personas que cotizan y mucho menos de las que no cotizan.
El sistema paralelo que existan ambos sistemas, pero de manera independiente cada uno. Acá parte una base del problema, en tanto el sistema de sustitución impulsado por ARENA y el capital corporativo nacional e internacional, su trabajo fue una incisiva desacreditación de los sistemas públicos a cargo del INPEP y la UPISSS. Y fue dolosamente impuesto al dejar sin cotizantes a dichos sistemas y con la carga del pago previsional, mientras no pasaran los 25 años cotizados bajo el régimen de las AFP.
Y con respecto a la 3ª opción que es el sistema mixto, donde coexisten ambos sistemas público y privado, pero actuando de manera complementaria el privado. Se cotiza de manera complementaria y voluntaria al sistema privado quien determina por el ahorro un monto de pensión de acuerdo a lo ahorrado y la rentabilidad de dichos ahorros. Mientras que el sistema público determina lo que se denomina una pensión básica por lo cotizado hasta determinado techo salarial.
Todas las formas antes apuntadas se desconoce su análisis en El Salvador, por parte de Bukele, y la propuesta previsional se desconoce a donde apunta, inclusive el Presidente del INPEP, asegura desconocer los pormenores y mantiene una inercia de administración mientras el último cotizante no se pensiona. Los ingresos en concepto de cotizaciones y sus rendimientos es mínimo y desde que se privatizaron los fondos, se consumieron las reservas técnicas y el Ministerio de Hacienda tal como la ley SAP lo señale asume el gasto previsional.
Y bajo lineamientos de la SSF y de la Super Intendencia de Pensiones, se provee al INPEP de los fondos necesarios para pagar las pensiones del grupo poblacional pensionado por el sistema previsional a cargo del INPEP, que implican más de 200 millones de dólares anuales y que continúa aumentando. Ya la pensión mínima está en 304.17 dólares, acercándose al salario mínimo que cubre a unas 300,000 personas trabajadoras, dentro de la formalidad de la economía.
La situación problema recae en la insuficiencia de los beneficios, cotización alta, salarios bajos, cobertura mínima de población cotizante, que deja fuera del sistema a población importante como trabajadoras de los servicios del hogar, trabajadores(as) a domicilio, trabajadores tercerizados, profesionales independientes que trabajan en consultoría u oficinas de atención de servicios y producción de bienes (micro y pequeña empresa), sector agropecuario que no ha tenido históricamente formas de incorporarse al sistema de cotización que ofrece el sistema previsional sustitutivo, entre otras situaciones que marcan el análisis .
La lucha social es por varias demandas que deben cubrirse por el sistema previsional que recoja la reforma previsional anunciada, se trata de pensiones dignas, sin embargo la dignidad de las personas culturalmente es algo invisible, la imposición, la marginalidad y exclusión social determina ausencia parcial o total de dignidad, es un término muy ambiguo y estéril, para el caso la pensión básica universal de 50 dólares, sigue siendo algo que poco o nada se cumple para las personas mayores de 70 años de municipios considerados pobres.
Toda esta población laboral fuera del sistema, le hace sumamente difícil cotizar durante 25 años, si hablamos de cómo inició el sistema de sustitución fue: 1) Incrementando de 15 a 25 años de servicio; 2) La cotización se ha ido elevando en el sistema privado y el público que implica una cotización del 15 % del salario. Que sabemos dispone no de salarios fijos, sino en virtud del poder adquisitivo y de un mercado interno que no tenemos. La edad quedó la misma, pero hay fuerte vibras que se eleve a una cantidad que siempre se considera alta para la media de vida.
La lucha social es obligatoria, pero desechando los intereses mezquinos que se ven involucrados, además de los intereses de grupos corporativos dominantes, personales, de un gobierno que no encaja con una oferta previsional que recoja todas las necesidades que se manifiestan, generando una reforma previsional con la mayor cobertura posible, con los niveles de suficiencia de beneficios para toda la gama de trabajadores(as) existentes, y con la certeza de un funcionamiento financiero que de sostenibilidad y sustentabilidad al sistema; y que sea administrado por una institución pública que reconozca a la persona adulta mayor, a la persona pensionada y la persona cotizante inculcándole la solidaridad intergeneracional.
*Sindicalista salvadoreño
