Por si no se ha reparado en el asunto, 2023, aunque cronológicamente es un año preelectoral, en la realidad será el año electoral en el país. Los vicios más rancios de la política vernácula no solo no han desaparecido, sino que vuelven recargados.
El gobierno se ha preparado para esto. Una investigación de Reuters reveló que el gobierno ha creado una gigantesca maquinaria de comunicaciones para hacerse propaganda. Granjas de troles a sueldo, pago de personas influyentes en las redes sociales y medios tradicionales, la consolidación de una masiva red de seguidores falsos del presidente cuyo trabajo es elogiar sus políticas y denostar contra los críticos.
La maquinaria de comunicación incluye la creación de más de 1,500 canales de Youtube, cientos de cuentas de Twitter, más de mil páginas de Facebook, además de su propio canal de televisión, su periódico impreso y su emisora de radio. Por si esto fuera poco, cada vez más se ven signos de sometimiento al poder de medios de comunicación privados, más volcados a publicitar los logros del gobierno que informar con veracidad.
Si la población resintió en el pasado algún hartazgo por las campañas electorales sucias, este año debe prepararse para asistir a una absolutamente desequilibrada y que excederá los límites conocidos de la barbarie. La deuda política para los partidos de oposición ya es historia y nos pondrá al frente de una competencia, en términos de recursos, en la que el oficialismo competirá en un bólido y la oposición en bicicleta. La oposición, si la hay en esta campaña, deberá ser realmente creativa para competir en esta desigualdad de condiciones.
La gigantesca maquinaria de propaganda, pagada con el dinero de los y las salvadoreñas, puede activarse en segundos para enaltecer las vivas al presidente o para atacar a sus críticos y seguir socavando la institucionalidad democrática. Los ataques se centrarán en desacreditar a figuras o instituciones de lo que consideran oposición o contra quienes se empeñan en informar profesionalmente desde medios alternativos.
El presidente goza, hasta el momento, de un mayoritario respaldo social, que hace caso omiso a la inconstitucionalidad de su reelección. El estribillo de la campaña oficial está cantado. Si no se reelige el presidente, las pandillas volverán a las calles, con la consecuente violencia, la extorsión y todos los males que hicieron padecer por tantos años a la población. Por este respaldo mayoritario, el oficialismo no necesita hacer ningún fraude.
A pesar de eso, las sombras se ciernen sobre todo en el voto en el exterior, y dentro de este en el voto que se emitirá por la vía digital. No es muy probable que los y las salvadoreños en el exterior voten masivamente de manera presencial. El problema se cierne sobre quienes votarán por internet. La ley del voto en el exterior aprobada no exige un padrón electoral, pilar de la transparencia de unos comicios, ni estipula la auditoría independiente sobre el software que se utilizará.
¿Quién podrá garantizar que los votos fueron emitidos por los ciudadanos y que no se repetirá masivamente la sustitución de identidades como sucedió con la billetera electrónica del bitcóin? El país está a menos de un año de celebrar las elecciones legislativas y presidenciales y el Tribunal Supremo Electoral no ha definido todavía la empresa auditora y la empresa desarrolladora del voto electrónico. Es más, la autoridad electoral recién acaba de definir que necesita alrededor de $70 millones para el voto en el exterior sin conocer, puesto que no hay padrón, cuánta gente se estima votará.
Todo apunta a que el pueblo salvadoreño tendrá este 2023 un año lleno de complejidades y barbaridades. Las elecciones de 2024 no son solo para elegir rostros de legisladores, legisladoras, alcaldes o alcaldesas. Lo que estará en juego en las elecciones de 2024 es la consolidación de un régimen autoritario que cada vez se acerca más a una dictadura que no tendrá nada que envidiarle a la de la vecina Nicaragua.
Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 116.
