Países como el nuestro, consuetudinariamente insolventes y sobreendeudados en consecuencia con la inequidad que supone la injusticia estructural que concentra la riqueza en apenas el 1% de la población, padecerán si no se supera tal situación, de toda forma de violencia crónica y estructural.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Superarla, empero, es tan probable como resolver el tema de la violencia siempre y cuando se tenga la voluntad política para ello.
Esto porque la desigualdad, como la violencia, son consecuencia de los males estructurales intencionales que, por intermedio del estado, el modelo económico impone a las dinámicas sociales.
Así al implementar en la macroeconomía proyectos que responden a los intereses particulares del 1% de la población, como históricamente se ha hecho en el país, por supuesto que no resolverán la problemática de desigualdad, profundizándola en cambio.
Un crudo ejemplo de ello es el bitcoin impuesto inconsultamente a la población, que ha supuesto una ingente erogación de valiosos recursos insustituibles, que no han reportado beneficios significativos y sí gravísimas pérdidas en el erario público, como extremos índices de corrupción de parte del entorno presidencia responsable del desvío de tales recursos.
Así que lo primero es dejar de financiar la riqueza de esos pocos, el 1%, con los recursos de todos, exorcizando al estado del amiguismo, el compadrazgo y el clientelismo político, sustituyéndolos con la cultura de la equidad fiscal y económica inclusiva.
Ello supone desarraigar el complejo sistema de favores con que el estado privilegió desde siempre a las élites, lo que supondría conformarlas como jugadores reales, sin ventajas, es decir, contribuyentes que además aporten de acuerdo a sus haberes al interés social.
Verdadera justicia poética.
Por otro lado, esos ingentes recursos que antes enriquecieron a tan pocos deberán reorientarse al tema social: educación y salud de calidad, infraestructura y seguridad de la población en general.
Alcanzar los porcentajes ideales para que desde el estado se promueva un desarrollo viable y sostenible, implica reformar el esquema tributario y financiero, que ahora mismo responde solo a los intereses referidos arriba, sustituyéndolos por un modelo fiscal progresivo y una legislación que sea garante del trabajo institucionalmente.
A su vez se debe promover la debida reforma pensionaria que asegure por reparto y solidaridad la sostenibilidad del sistema, dentro de un esquema que se nutra intergeneracionalmente, en un círculo virtuoso incluyente.
Es decir, la construcción de un estado fuerte, inclusivo y garante de la institucionalidad hará viable para el caso, la generación de políticas que incentiven la producción agrícola, acabando tanto con los intermediarios como con el coyotaje, promoviendo el comercio directo entre productores y consumidores, recuperando por esa vía gradualmente y por etapas la soberanía alimentaria.
Entonces la cosa se reduce a que el estado salvadoreño sea incluyente, participativo y genuinamente democrático, que repudie la fórmula vigente hasta ahora de rapiñar los recursos estatales en favor de esas élites, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, en detrimento del soberano, y que se suma a esa ingente deuda impagable que el estado asume, hipotecando el futuro de todos.
*Educador salvadoreño
