En las nuevas legislaciones y la degradación de las instituciones públicas, se ha generado un fraude de Ley, que favorece la corrupción del Gobierno: debe de ser analizado, a la luz de los diferentes Tratados internaciones firmados por El Salvador y los efectos, que está causando en la sociedad.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Fraude de Ley es la substracción voluntaria y consciente, a una ley determinada, colocándose, bajo el imperio de otra, mediante el cambio real y efectivo de alguna de las circunstancias o factores de conexión. El concepto antes definido, ha sido dado por el jurista chileno, Federico Duncker Biggs. Para la aplicación de este concepto, debemos tomar como pilares jurídicos violados: la Constitución y los tratados internacionales reconocidos por El Salvador.
La deconstrucción Constitucional (cambio en el sentido de la misma, alterando su espíritu y significado) aplicado por el Gobierno, ha permitido justificar un Régimen de Excepción perpetuo, con la supresión de los Derechos Humanos, fundamento para el ejercicio del poder, el cual excede el alcance de dicho régimen especial.
La imposibilidad de verificar las finanzas públicas, por la falta de transparencia en las mismas, ha permitido afianzar la corrupción gubernamental. El entendimiento y aplicación de los tratados internacionales, en el concierto de naciones, sirve para entender su significado y alcance, pese a la deconstrucción nacional de la Constitución, entendiendo así, como debe ser su aplicación.
Las amenazas que en concreto, han recibido los sectores empresariales e informales y, de la población, bajo el Régimen de Excepción en general, plantea el uso de la coercibilidad y coacción, fuera del marco constitucional, porque al ejercerlo, en beneficio de los intereses particulares de los funcionarios, constituye una extorsión que fácilmente, podría considerarse como una nueva forma de esclavitud, pues la función del individuo, dentro del Estado, está en razón de su capacidad, para suministrarle recursos, los cuales son de uso exclusivo del Gobernante, quien los maneja como propios, pues no rinde cuentas de los mismos.
El utilizar a los presos como medio de producción forzada y a su familia, con la obligación de pagar $ 180.00 por la alimentación de los mismos, crea una nueva forma de esclavitud. La necesidad de cancelar $ 1500.00 para tener derecho a visita, crea un sistema de corrupción, que utiliza la coercibilidad del Estado, como su generador.
Cuando el Estado no cancela lo adeudado a los particulares, por servicios ya prestados, éstos se convierten en financiadores de la actividad del Estado, absorbiendo las pérdidas que conlleva. Cuando el Estado, obliga indirectamente, a la banca nacional, a comprar LETES que no son aceptadas en el mercado internacional, por el riesgo que implica, toma de hecho, el dinero de los ahorrantes para su beneficio, sin importarle si el sistema bancario podrá resistirlo, por la disminución de la liquidez.
Bajo el título: “El Salvador: Violaciones de Derechos contemplados Enel Pacto de Derechos Políticos y Civiles”, se discute en el 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo cual se ratifica el criterio internacional de que. en El Salvador, se violan los Derechos Humanos, en una deconstrucción de los principios constitucionales.
La declaratoria de “utilidad pública” de las áreas comprendidas entre Opico, Armenia, San Andrés, Coatepeque y el Congo (1020.29 km2), en acto preparatorio de expropiaciones futuras, cambia la protección constitucional de la propiedad privada, hacia un régimen comunista, sujeto a la voluntad de la autocracia del Gobierno.
La deconstrucción institucional, hace ineficaces todos los recursos que la ley otorga y se queda a mercede del autoritarismo que viene de Casa Presidencial.
