El Salvador cumplió el 27 de marzo un año viviendo bajo el Régimen de excepción decretado por Nayib Bukele, la razón de dicha medida fue una escalada nacional de asesinatos cometidos por las pandillas, principalmente la MS-13.
Por: Jorge Vinueza
Desde entonces, en El Salvador los ciudadanos hemos perdido derechos fundamentales: el derecho de asociación, derecho a ser informado de las razones de la detención y a una defensa, y el derecho a la privacidad en la telecomunicaciones.
En medio de esta situación de emergencia, la asamblea bukelista, sin discusión alguna, ha aprovechado para aprobar o reformar una caterva de leyes que han creado las condiciones para la instauración de un nuevo régimen político y económico.
Esta transformación política inició un año antes, en las elecciones de 2021, cuando la báscula electoral favoreció el cambio de un régimen bipartidista polarizado a un régimen de partido único. Cambios tan profundos en la sociedad podemos rastrearlos en la historia del país al menos en 4 oportunidades: 1810, 1880, 1950 y 1990.
En 1810 la incipiente casta económica utilizó al estado para liberarse de los impuestos que debían pagar a la corona, lo que no significó, evidentemente, un cambio dentro las capas más vulnerables de la sociedad centroamericana, lo que creó las causas de la rebelión social de Anastacio Aquino en 1832; en 1880, el mismo estamento económico, respondiendo a la demanda mundial de café, inicia una expropiación sistemática de la tierra a los indígenas eliminando tierras ejidales, tensión que fue el germen del levantamiento campesino en 1932.
En 1950, El Salvador abandona el modelo agroexportador y transita hacia un modelo industrializador, entonces la oligarquía aprovechó para capturar sectores esenciales de la economía como las presas hidroeléctricas, lo que representó una nueva instrumentalización del estado para intereses elitistas, lo que creó las condiciones para que las mayorías iniciaran una respuesta colectiva ante esta configuración socialmente injusta lo que derivó, en 1980, en una guerra civil.
En 1990 el expresidente Cristian inicia un nuevo proyecto oligárquico de privatización de sectores estratégicos de la economía, en los que figuraba la banca, en donde se le acusa de haber adquirido el banco más importante a través de prestanombres.
Este primer saqueo público en democracia impidió la inversión social necesaria, para contener el problema de las deportaciones desde USA que explotó en olas de violencia como las de 2014-2015.
Por el momento, no sabemos si Nuevas Ideas gobernará en un régimen de partido hegemónico o partido dominante; lo que sí sabemos es cómo el régimen manejará la disidencia a su proyecto económico-político: luego de 3 mil violaciones a los derechos humanos, después de 132 personas fallecidas en custodia estatal; después de haber puesto los jueces y el fiscal que quería, el régimen de Nayib Bukele controla la institución que captura, que acusa y que juzga; sin que nadie pueda decir algo al respecto.
Estamos en el punto más débil de nuestra República en 200 años. Mientras las instituciones de control estén al servicio de una sola persona y se sigan aprobando leyes que solamente ratifican la reestructuración económica del país para el beneficio de una emergente oligarquía milenial-tecnológica, pero decimonónica, que utiliza el régimen de excepción como instrumento de represión que detiene arbitrariamente a inocentes, que estigmatiza la pobreza y se aprovecha de ellos extorsionándolos afuera de los penales y torturándolos adentro.
Mientras hayan inocente detenidos, mientras sigan cambiando las leyes a su favor e hipotecando el desarrollo psico-social de millones, mientras sepamos que esto solo está creando las condiciones para otro estallido social, ninguna calumnia o difamación de la granja de troles de Nayib Bukele será suficiente para callar a las personas sensatas, humanas o cristianas, que al igual que Aguino, Martí o Ellacuría, hemos llegado a la conclusión que el silencio no es una opción.
