«No hay nada que aplaudir”, aseveraron este día las organizaciones aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua que, mediante un balance, reprobaron la gestión y administración a 4 años del gobierno de Nayib Bukele en materia de medio ambiente.
Temas como la garantía del derecho humano al agua y saneamiento, reformas a la Ley General de Recursos Hídricos para que no afecten a las juntas de agua que suministran el bien hídrico a diversas comunidades, el cese de los permisos ambientales para megaproyectos, continúan siendo deudas preocupantes, indicaron las organizaciones.
Al respecto, Ariela González, integrante de la Alianza, indicó que el gobierno ha hecho “caso omiso” o ignorado a la actual crisis ambiental provocada por las decisiones y políticas públicas implementadas.
Señaló también que en el gobierno de Bukele se ha observado la priorización de inversión y seguridad principalmente, pero la situación ambiental “pareciera inexistente e inobservable para nuestra administración pública”.
“Es bastante preocupante cómo esta estrategia de enriquecimiento y entrada de economía a nuestro país no prioriza la situación ambiental. Depredan nuestra fauna y nuestro medio ambiente”, señaló la ambientalista en conferencia de prensa.
Sostuvo también que la promoción del reciclaje y no botar basura son acciones positivas que el gobierno desarrolla. Sin embargo, aseveró que “no son medidas ni siquiera mínimas para solventar la crisis ambiental”.
Por otra parte, reiteraron que las construcciones en Valle El Ángel, la continuación de proyectos urbanísticos en la Cordillera, Nuevo Cuscatlán, entre otros, son ejemplos de megaproyectos que afectan importantes zonas de recarga acuífera y generan graves impactos a los ecosistemas. Frente a la actual situación y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Alianza exigió al gobierno salvadoreño la implementación de una política ambiental enfocada en la sustentabilidad de los bienes naturales. También, que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cumpla con su rol de fiscalizador del cuido de la naturaleza y que cese de manera inmediata los permisos para construcciones en zonas de recarga acuífera.
Además, exigieron que se realicen estudios que tomen en cuenta el impacto ambiental, la salud y las necesidades ambientales del país previos a la implementación de proyectos de construcción.
Asimismo, Luis González, integrante de la Alianza y director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), exigió al gobierno “coherencia” de no permitir retrocesos en decisiones que amenacen con mayor vulnerabilidad ambiental como la reversión de las actividades mineras y otras.
“El Salvador no da para seguir dañando el ambiente. La población está muy golpeada por las diferentes crisis ambientales”, indicó.
