Por: Natalia Aruguete

Ecuador ha vivido hace unos días los mayores niveles de violencia de la última década, cuando se ubicaba entre los países más seguros de la región, asegura Palmira Chavero, investigadora y profesora de Flacso Ecuador. El estallido actual no es coyuntural ni se restringe a un problema de seguridad ciudadana, sino que responde a factores estructurales de orden económico, social, educativo y geopolítico.

La crisis institucional, política y social que atraviesa ese país debe ser leída en clave de su historia reciente, explica Chavero en diálogo con Págin/12. En el corto plazo, la reducción del gasto público –concretamente, la eliminación de la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Justicia y la subejecución del presupuesto de la cartera del Interior– conminó al gobierno ecuatoriano a una respuesta demorada y a destiempo frente al crecimiento del poder de las mafias relacionadas con el narcotráfico. En el largo plazo, el desmantelamiento del Estado promovido por los últimos tres gobiernos –el de Lenin Moreno, el de Guillermo Lasso y flamante de Daniel Noboa– con el argumento de limitar el mal llamado “Estado obeso” se conjuntan con el crecimiento sostenido de desempleo y la pobreza. “La pauperización social ha sido el caldo de cultivo perfecto para llegar a estallidos sociales de este tipo”, señala.

–Le propongo reconstruir las causas de los hechos ocurridos el 9 de enero pasado en Ecuador, para entender el contexto de esta escalada de violencia. ¿Por qué se produce, concretamente, la toma del canal de TV por parte de estos jóvenes?

–Lo que pasó el 9 de enero tiene antecedentes de corto y largo plazo. En el corto plazo, lo que sucedió es que el presidente Daniel Noboa tenía un plan de seguridad que solo conocían funcionarios del gobierno, que incluía el traslado a otras cárceles de algunos presos que estaban en cárceles de máxima seguridad.

–El año pasado se descubrió que en estas penitenciarías tenían todo tipo de privilegios, desde teléfonos móviles y conexión a televisión de pago hasta un criadero de truchas. La información sobre esos traslados a prisiones donde no tuvieran tantos vínculos con el exterior se filtró entre los presos, que concretaron su fuga. Una de las fugas más significativas es la de “Fito” Macías, un capo del narcotráfico que cumplía una sentencia de 34 años, que se produjo en diciembre. Esa fuga se mantuvo oculta para el gobierno que lo supo hace tan solo unos días.

–¿Cómo reaccionó el gobierno frente a esta fuga?

–Declaró el estado de excepción y el toque de queda, que va de 11 de la noche a 5 de la mañana. Durante esa primera noche hubo otras fugas de narcos importantes y, en paralelo, se produjo mucho altercado callejero, con explosivos, coches bomba y mucha violencia en pleno toque de queda. Así que el primer punto de inflexión se dio con la fuga de Fito. El segundo punto de inflexión se produjo el 9 de enero, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en un canal de televisión estatal, de alcance nacional. Y, durante casi una hora, se transmitió en directo la irrupción de los delincuentes con amenazas, disparos y un trato muy violento hacia los periodistas. Ese fue un punto álgido, que generó una conmoción social generalizada en todo el país.

–¿Por qué lo denomina un punto de inflexión, ¿qué efectos generó el asalto en el canal de televisión estatal de Guayaquil?

–Después de este acontecimiento televisado, Guayaquil ardió en llamas: intentaron entrar en universidades y hospitales, se quemaron coches, se produjeron asaltos y algunos amotinamientos. Guayaquil fue el epicentro, pero a partir de allí hubo mucha conmoción en el resto de ciudades del Ecuador.

–Guayaquil arrastra problemas de violencia ya desde el año pasado muy visibles, e incluso desde antes. ¿Por qué se concentra en esa región?

–Tanto en la provincia de Esmeraldas como en la de Guayas, los niveles de violencia se descontrolaron en los últimos años, aunque no habían llegado al nivel de estos días. Hay un elemento muy importante que explica el nivel de violencia e inseguridad en Guayaquil, y es justamente su penitenciaría. Allí se trasladó a los presos más importantes: entre ellos, narcotraficantes que han desplegado redes y forman parte de organizaciones criminales internacionales. A eso hay que sumarle la decisión de generalizar la prisión preventiva para todos los delitos.

–¿Por qué la prisión preventiva vuelve este estado de violencia más insostenible?

–Porque las cárceles, sobre todo la de Guayaquil, están superpobladas de presos peligrosos y, como contracara, la policía y los guardias de las cárceles muchas veces no tienen la preparación necesaria ni cuentan con recursos suficientes ni salariales ni de infraestructura. El problema no es solo la superpoblación sino que, además, se equiparan todos los delitos y, por ende, los acusados van al mismo sitio. Por eso, en una misma cárcel convive un capo del narcotráfico con una persona que ha asaltado en un semáforo u otra que no paga la pensión alimenticia de los hijos.

–El recurso de la prisión preventiva fue una decisión tomada por Lenín Moreno, que ha continuado Guillermo Lasso y ahora recupera Daniel Noboa. ¿Qué implicancias tiene la respuesta política de estos gobiernos en términos de la acumulación de violencia que se vive en Guayaquil y en otras provincias del Ecuador?

–El expresidente Lenín Moreno y la ministra María Paula Romo tomaron otras medidas importantes, cuyos efectos los vemos ahora. Por ejemplo, la eliminación de la Secretaría de Inteligencia y del Ministerio de Justicia. Con la primera, el Estado perdió competencia a nivel internacional de posibles ataques. En la medida en que no tiene información previa, cede el liderazgo a las bandas, las mafias, los grupos narcotraficantes y queda con una capacidad sólo reactiva. Claro que este análisis hay que articularlo con niveles de desempleo y de pobreza sostenidos, y con una pauperización social que ha sido el caldo de cultivo perfecto para llegar a estallidos sociales de este tipo. Noboa no lleva ni dos meses en el poder aunque ya se observa que sigue la misma línea que sus antecesores. En el gobierno de Lasso, se decretaron muchos estados de excepción, sobre todo en Esmeraldas y en Guayas, cuya capital es Guayaquil. La diferencia es que Lasso aplicaba los estados de excepción en algunas provincias, no a nivel nacional como lo ha hecho Noboa.

–Usted mencionó también la eliminación del Ministerio de Justicia. ¿Qué relación tiene con la eliminación de Inteligencia, en esta escalada de violencia? ¿Cuál ha sido la justificación del gobierno para prescindir de estas reparticiones?

–Son cuestiones que van en paralelo y confluyen temporalmente. Al mismo tiempo que se elimina Inteligencia y Justicia, se deja sin asignación presupuestaria a otros ministerios con el argumento de que el gasto público es un gasto y no una inversión, y que hay que reducir el tamaño de un Estado que se ha vuelto “obeso”. Esa es la justificación que han dado Moreno, Lasso y también Noboa durante su campaña electoral. De hecho, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Interior subejecutó su partida al gastar poco más del 8% de lo presupuestado. Este desmantelamiento aplica a todo el sector público. Pero en el caso de Interior, implica una reducción y vulnerabilidad de las condiciones de la defensa y la seguridad. Entonces, por ejemplo, surge la pregunta de por qué se producen estas fugas en diciembre y el gobierno “se entera» de ello en enero. Aquí es donde empezamos a ver las otras aristas de la fuga.

–¿A qué otras aristas se refiere?

–Aristas que implican al Estado, a la sociedad, que tocan la perspectiva nacional e internacional. Esta fue una fuga que se dio en ciertas condiciones: un preso en una cárcel de máxima seguridad donde contaba con muchos privilegios, obtiene una información que solo tenía el gobierno. Claramente, no se puede escapar de ese lugar si no es con la convivencia de algunos de estos elementos. Un mecanismo común en el sistema judicial es que los jueces detienen a miembros de estas bandas y, en poco tiempo, salen de la cárcel. A su vez, las fuerzas de seguridad se vuelven vulnerables frente al incremento del poder de estas bandas. Es necesario llevar a cabo un proceso de desintoxicación de las fuerzas de seguridad y, en paralelo, proteger a los jueces que dictan las sentencias como a sus familias. Los militares en la calle funcionan como bomberos que apagan el incendio momentáneamente, que es lo que ocurrió durante las horas siguientes a la toma del canal de TV en Guayaquil, cuando detuvieron a personas con explosivos, por ejemplo. Esa era exactamente la dinámica que caracterizó al gobierno de Lasso: sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Ese mecanismo apaciguaba el problema por un tiempo, pero no lo resolvía. Necesitamos que el sistema judicial dicte sus sentencias con todas las garantías, que no surja ningún tipo de amenazas, que no haya elementos de las fuerza de seguridad con posibilidades de formar parte de estas bandas de alguna forma.

–¿Cree que existe algún vínculo entre la eliminación del Ministerio de Justicia y el incremento de la violencia que se da en Ecuador?

–La eliminación del Ministerio de Justicia significa reducir el presupuesto general del Estado. Es decir que todos los actores involucrados en el sistema judicial –jueces, fiscales, policías y otros servidores públicos– trabajan en peores condiciones materiales para actuar con todas las garantías vitales. Como contrapartida, las bandas, las mafias y los grupos narcotraficantes incrementan su poder, al diversificar sus fuentes de financiamiento y aumentar la cantidad de miembros jóvenes, en parte motorizados por la creciente pobreza. Ese desequilibrio en los niveles de poder de unos y otros termina en los acontecimientos que estamos viendo estos días.

–¿Cuál cree que fue el objetivo de televisar la toma del canal de Guayaquil? ¿Qué implicancias tiene, en general, la mediatización del conflicto?

–Me atrevería a decir que de no haberse transmitido en directo todo lo que sucedía, no se habría producido el estallido subsiguiente en Guayaquil y en Esmeraldas, que fueron los focos principales. No se trata de un canal cualquiera, sino uno que fue incautado en 2008, producto de una propiedad indebida, y pasó a manos del Estado. Eso nos lleva a preguntarnos cuáles eran las intenciones de lanzar un mensaje en un medio de titularidad estatal. Por primera vez, en un medio televisivo de carácter estatal y alcance nacional, todo el mundo estaba viendo lo que pasaba en Guayaquil. Todo el país vio en vivo y en directo el secuestro de los periodistas, oyeron los disparos y los gritos de los trabajadores de ese canal. La espectacularización de ese asalto generó mucha conmoción y shock social. Esa narrativa del terror fortaleció la acción de los delincuentes, ahora denominados “terroristas”. De hecho, las instituciones públicas y las empresas privadas mandaron a todo el mundo a sus casas.

–También se televisó la captura de los delincuentes. ¿Por qué cree que se mostró el accionar de las fuerzas de seguridad?

–El drama, la intriga, la angustia de que no entren, que sí entren, que lancen el mensaje, que no lo hagan, que se escuchaba el micrófono y luego no se escuchaba y, de pronto, el final feliz: entró la policía y, sin mucha resistencia, capturó a los asaltantes. En un país que consume mucha televisión y muchas novelas, fue como que de repente, los ciudadanos no estábamos viendo la novela tradicional sino que éramos protagonistas de esta novela, de principio a fin, incluyendo la angustia, el miedo, la sorpresa, el drama, el final feliz, el héroe y el villano.

–¿Cree que la respuesta del gobierno también estuvo influida en alguna medida por la mediatización de estos eventos?

–Una característica del presidente Noboa en los últimos días es su invisibilización. Todos vimos esta novela, pero el presidente no fue el protagonista. Durante las primeras 24 horas, Noboa no ha dado cadenas nacionales, ni ruedas de prensa; no ha tenido ninguna presencia. Los protagonistas fueron los policías y también los periodistas que estaban retenidos, pero sobre todo las fuerzas armadas y el grupo especial de rescate, que le dieron la vidilla a la novela. Cuando se conoció la fuga de Fito, se anunció una cadena nacional que luego se canceló. Solo hubo intervenciones del secretario de Comunicación y de algún representante de la Fuerza Militar. Más grave aún, la primera noche del toque de queda, cuando todo el mundo estaba pendiente de eso, la esposa de Noboa publicó en redes sociales que acababa de salir a la venta una Barbie que la emula ella.

–Dos días después del momento más crítico, Noboa anunció el Plan Fénix.

–Sí, anunció la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. Y el día anterior había aparecido en un medio de comunicación dando una entrevista con preguntas más o menos acordadas. Pero durante el primer día, cuando la situación está en su punto álgido, todo es caos y cunde el miedo, cualquier ciudadano quiere que el Jefe de Estado diga algo. Que la policía y las fuerzas armadas fueran las que tomaran el control también generó miedo e incertidumbre. Por cierto, desde que asumió el gobierno se le ha visto muy poco. Las veces que apareció fue en sesiones de fotos, muy preocupado por su imagen pero no por el contenido de lo que difunde. Eso es grave, no solo comunicacionalmente, sino también en términos de gestión.

–La primera medida post conflcto que tomó Noboa, fue la de proponer un incremento de 3 puntos del IVA para costear el conflicto. ¿Podría ir por ahí la solución?

–La subida del IVA no tiene relación con la seguridad, ya que las causas son de otra índole. Pareciera que el presidente está aprovechando el momento de shock para imponer medidas impopulares que afectan a los más vulnerables. La Asamblea Nacional aún tiene que debatir esta propuesta, pero algunos partidos ya han dicho que no la van a apoyar y han propuesto medidas alternativas, incluido el cobro de la deuda a la empresa de la familia del presidente. Estos días, el secretario de Comunicación justificó la medida para evitar las “vacunas”, pero nuevamente no tiene relación: las bandas seguirán extorsionando a los negocios sea cual sea el IVA si no se aplican otras medidas.

–Como contracara de la invisibilidad de Noboa esos primeros días, circuló en redes sociales un mensaje del ex presidente Rafaél Correa. ¿Cuál fue la reacción del espacio político opositor frente a estos episodios?

–Esa es una de las cosas más importantes y significativas del campo político. Hasta hace apenas unos días, una de las características del clima político en el Ecuador era la polarización. Desde el 9 de enero hay un cierre de filas en torno al presidente. Todas las bancadas de la Asamblea Nacional emitieron un comunicado por la mañana, antes de que explotara el conflicto, y le dieron el apoyo a Noboa con el pedido de que sus acciones tengan apego a la Constitución. La clase política tan demonizada en otras ocasiones, en este momento está respondiendo con responsabilidad y dando su apoyo.

–¿Cuál es su análisis del pronunciamiento del gobierno argentino sobre la violencia desatada en Ecuador, a partir de lo acontecido del 9 de enero?

–Por un lado, hay un distanciamiento entre la posición oficial de la Cancillería y de la Canciller, al menos de lo expresado en redes. Esto refleja una incoherencia institucional y una disonancia informativa. Por otro, la posición de Mondino de aprovechar una situación tan compleja para partidizar el problema y –probablemente– tratar de satisfacer a su electorado más radicalizado supone una gran irresponsabilidad política cuando lo que se necesita es la unión de todos los actores contra la violencia, ello abona el terreno para un posible conflicto diplomático innecesario.

Fuente: Página | 12