Por: Hitler Cigarruista, periodista panameño y editor de Capital Financiero
En medio de debates y decisiones cruciales sobre políticas públicas de salud, la realización de la Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) y el tercer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes (MOP3) del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco sigue dejando una sombra de preocupación y opacidad en Panamá.
Aunque la salud pública es un tema vital, el costo de este evento, estimado en 5 millones de dólares, plantea interrogantes sobre su eficiencia y utilidad, especialmente cuando se consideran las restricciones impuestas a la prensa y a la participación social.
Como gremio que agrupa a los periodistas del país, el Sindicato de Periodistas de Panamá ha expresado su inquietud por las limitaciones impuestas a la cobertura periodística durante la COP10 y la MOP3. Esta preocupación no se limita únicamente a los profesionales de los medios de comunicación, sino que se extiende a diversos sectores de la sociedad civil que son directamente afectados por las políticas públicas de salud que a lo largo de los años han demostrado que necesitan ser revisadas y adecuadas a la realidad del país.
Una de las críticas más fundamentales es la selección selectiva de observadores, que parece excluir a aquellos cuyas vidas y comunidades están directamente influenciadas o afectadas por las decisiones tomadas en estas conferencias. Este tipo de discriminación en la participación no solo aumenta el déficit democrático, sino que también crea barreras significativas para la transparencia y la equidad en el proceso de toma de decisiones.
La prensa, como cuarto poder, juega un papel crucial en la vigilancia y la divulgación de información que impacta la vida de los ciudadanos. Restringir el acceso de los periodistas a eventos tan importantes como la COP10 y la MOP3 no solo socava el principio democrático de la libertad de prensa, sino que también genera preguntas sobre la voluntad de las partes involucradas de ser transparentes y abiertas al escrutinio público.
El acceso de los periodistas facilita la difusión de información clave, lo que empodera e involucra a la población, permitiéndole comprender, cuestionar y contribuir a los debates relevantes.
La cobertura mediática permite que la ciudadanía conozca los detalles de las políticas, acuerdos y acciones que afectarán sus vidas, promoviendo así la rendición de cuentas por parte de los responsables de la toma de decisiones.
Además, la exclusión de sectores clave de la sociedad civil limita la diversidad de perspectivas y la representación completa de los intereses en juego. Las decisiones tomadas en estos foros afectan a poblaciones, países enteros, y la participación equitativa es esencial para garantizar que los diversos puntos de vista se tengan en cuenta.
La restricción de acceso a la prensa y la exclusión selectiva de observadores plantean desafíos significativos en el camino hacia un proceso de toma de decisiones más transparente y participativo. Para abordar estos problemas, es imperativo que las autoridades reconsideren las políticas de acceso, garantizando que la prensa y la sociedad civil tengan un lugar significativo en estos eventos cruciales para la salud pública de la nación.
En definitiva, el acceso de los periodistas y medios de comunicación a conferencias y foros no solo es esencial para la integridad de la democracia, sino que también fortalece la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la construcción de sociedades más informadas y equitativas.
En última instancia, el equilibrio entre la importancia de la salud pública y la necesidad de transparencia y participación equitativa debe ser cuidadosamente gestionado. Panamá no solo debe invertir en la salud de sus ciudadanos, sino también en fortalecer los principios fundamentales de una democracia saludable y participativa.
