La gobernanza, es proceso de Gobierno, ejercido mediante sus instituciones, que deciden y regulan, los asuntos que atañen a la sociedad, buscando soluciones, conformes al consenso nacional, o sea, el Bien Común. La gobernanza finaliza con un proceso normativo y de legitimación, que da origen a una revisión y evaluación posterior del proceso de gobernar. Sin gobernanza, no hay garantía de estabilidad política o desarrollo social, como consecuencia del desarrollo económico.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Según el Gobierno, la participación electoral, fue del 30%, pero en realidad fue del 21.85%, de cualquier modo, es insuficiente para asegurar que la participación ciudadana garantice la estabilidad que necesita el país, la cual es base para las inversiones y confiabilidad sobre la previsibilidad del Gobierno, en cuanto a sus políticas públicas.
En la elección del 3 de febrero, se dijo que la diáspora salvadoreña, había apoyado en un 97% la reelección de Bukele y, que la votación había sido del 51%, cuando en realidad, si descontamos la votación de la diáspora, la cual fue manifiestamente manipulada y si se miden las discrepancias entre los votos contados por los vigilantes de los partidos políticos, con las actas presentadas por Nuevas Ideas y, validadas por el TSE, resulta que la votación no pudo ser mayor del 30%.
Así se explicaría que el fraude estructural tuvo dos objetivos: ganar las elecciones y legitimarlas, para crear una imagen de gobernanza, o sea que las instituciones públicas funcionan conforme a Derecho y son legítimas, porque las políticas públicas, deben ser acatadas voluntaria y obligatoriamente por la población. Esto es esencial para garantizar a los inversionistas extranjeros, sus intereses, pues ninguna inversión se realiza en un país en conflicto o, con un gobierno ilegitimo, sujeto a algún cuestionamiento.
El régimen de excepción, se ha vuelto permanente, o sea que los salvadoreños careen de derechos frente al Estado, por lo tanto, sus necesidades, no pueden ser resueltas mediante las acciones institucionales, sino por voluntad exclusiva del gobernante, conforme a sus intereses. Esto genera una insatisfacción social creciente, la cual degenerara en algún momento, en inestabilidad y anarquía.
Para agravar la situación, el desaparecimiento de los 262 municipios y la creación de la Dirección de Obras Municipales, ha destruido el municipalismo, quedando la solución de los conflictos locales, a discreción del Gobierno central. El municipalismo era un amortiguador social, que permitía descargar responsabilidades e insatisfacciones en los alcaldes y sus consejos, por lo que sus cambios, servían de alivio social y obligaban a solventar los problemas más visibles del municipio.
Al disminuir la participación de los políticos locales, ha disminuido también la participación ciudadana, además del convencimiento de que su participación, no servirá para un cambio en las políticas públicas. Es el inicio de la inestabilidad, por insatisfacción social.
Esto obliga al oficialismo, a controlar cualquier atisbo de oposición: ya controla a las gremiales empresariales y sindicatos. Ahora controla a los partidos de falsa oposición, a su antiguo aliado GANA, le ha disminuido poder electoral y por ello, pretende controlar a ARENA, sugiriendo que su dirigencia debe cambiarse, para permitir al partido, girar en apoyo del oficialismo, para construir una oposición “propositiva”, como lo ha dicho Joel Sánchez.
Un giro en este sentido, podría ser claramente conveniente al oficialismo, pero legitimaria el régimen de excepción permanente, y legitimaria los asesinatos y la represión desde el Gobernó, legitimaria las expropiaciones, que ya están planificadas y legitimaria el giro geopolítico, hacia la autocracia y los intereses islámicos.
La gobernanza asegura la solución de todos los conflictos sociales, con sus necesidades, en respeto a los Derechos Humanos y la propiedad privada.
