“La evidencia de cómo fue entregado a su familia el cadáver de Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez (ex-asesor de seguridad nacional) la preservamos y por si llegara a suceder algo, la evidencia la conservamos, incluso fuera del país”.
Por: Milton Rodríguez
Así lo afirmó Lucrecia Landaverde quien fue designada por la familia del exfuncionario del gobierno actual como su defensora, luego de que Alejandro Muyshondt muriera bajo la custodia del Estado.
La muerte del exasesor de seguridad de El Salvador se hizo pública el 7 de febrero de 2024, seis meses después de haber sido capturado por las mismas autoridades del oficialismo, supuestamente por revelar documentos secretos al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes.
Sin embargo, la abogada dijo que hay inconsistencias en el caso que le hacen pensar que Muyshondt no falleció el 7 de febrero.
Es más, la especialista en temas criminológicos detalla que con ayuda de profesionales y personas capacitadas lograron documentar con fotos y videos las condiciones en que recibieron el cuerpo del exfuncionario, el 8 de febrero pasado.
La abogada explicó que al analizar el tiempo del fallecimiento, las características físicas que el cuerpo tenía y también la sangre, percibió cosas que “no son normales”.
“Tenemos un cuerpo de Alejandro despedazado, destrozado, intervenido quirúrgicamente, de una forma bárbara y desde el ojo clínico de una abogada penalista vienen unos cuestionamientos”, dijo la jurista al describir lo observado.
Landaverde recuerda que al exfuncionario se le atribuye una muerte por edema pulmonar, pero se pregunta si realmente eso fue así ¿qué necesidad había de vaciar su cuerpo internamente? “El cuerpo de Alejandro era un cajón que no tenía nada, ni en la cabeza tenía su cerebro”.
¿Y si Alejandro verdaderamente tenía 48 horas de su deceso cómo fue posible que el cuerpo tuviera suturas o costuras antiguas y no frescas?, se pregunta la abogada. La jurista relata que el cuerpo proyectaba la frescura de un cuerpo que se estaba descongelando.
¿Por qué teníamos que tener el cuerpo cortado desde la barbilla, desde el cuello hasta sus genitales?. Si solo tenía 48 horas de haber muerto, ¿qué necesidad había de esto?, se pregunta la abogada.
La jurista solicitó el acta médica que se necesitaba para realizar los actos fúnebres, pero personal de Fiscalía le entregó por error el expediente clínico que es el que le ha permitido conocer varios detalles de su muerte.
Tras analizar el expediente, las versiones de las entidades públicas y lo que ella percibió en el cuerpo del ex-asesor de seguridad, la fuente judicial expresó: “verdaderamente cuántos días, semanas o pudiera ser hasta meses tenía Alejandro de haber muerto” porque “el cuerpo estaba plastificado”.
Otro aspecto que genera dudas a la abogada penalista es el por qué realizaron una autopsia a Muyshondt si no no se estaba investigando un crimen. A su juicio, bastaba con el acta médica y el historial clínico para que la Fiscalía diera autorización para que Medicina Legal se llevara el cuerpo.
No obstante, la especialista recuerda que si se supone que Muyshondt murió por una causa natural ¿para qué Medicina Legal y Fiscalía hicieron el levantamiento de cadáver?.
“Preguntémonos qué ocultaban porque no estaban investigando un crimen, -el ex funcionario- estaba en las manos del Estado, estaba en un hospital”, reiteró.
La jurista compara el caso de quienes pierden un familiar tras fallecer en un hospital público y dice que comúnmente entregan el cadáver completo y no vacío como en el caso del exasesor de seguridad.
A Muyshondt se le negó asistencia médica que era urgente
Pese a su complicada situación de salud, al exfuncionario del gobierno de Bukele se le negó asistencia médica, según consta en el expediente clínico verificado por la abogada.
Landaverde detalla que al revisar ese documento encontró una anotación del personal de enfermería en el que advertía que había sospecha de un nuevo evento cerebrovascular.
“Paciente en estado delicado con necesidad de realizar otros estudios”, dice la abogada al leer una anotación realizada por una enfermera el 23 de noviembre.
El expediente también indica que se había tratado de tomar un Tac cerebral, pero no se obtuvo autorización para trasladarlo. Se desconoce quién no dio dicha autorización y puso en riesgo la vida de Alejandro.
Añade que en el documento se encuentran cosas “alarmantes”. Por ejemplo, mencionó que en el folio 180 que la Fiscalía enumeró así, dice que el 8 de noviembre de 2023 no le quisieron dar asistencia médica, pese a que era “una urgencia”.
¿A cuenta de qué? ¿por qué no lo autorizó? ¿quien no autorizó? ¿Si lo que tenemos en un hospital es a una persona de la que tenemos que salvar la vida, qué explicación científica, lógica o médica tiene no proveer la asistencia que le tenemos que dar? se pregunta Landaverde.
La jurista deja entrever que todo esto se hizo para “provocar la muerte” del exasesor de seguridad nacional.
Recordó que la ley define que un homicidio sucede cuando debiendo ejecutar algunos actos para salvar vidas, “se omite ejecutarlos dolosamente para que la persona muera”.
“Desenmarañar un crimen -de este tipo- no es una cosa sencilla”, expresó Landaverde.
El gobierno salvadoreño no respondió solicitud de embajada de Bélgica
No es la única acción con la que el Estado mostró desinterés por el exfuncionario del gobierno actual. Patricia Álvarez, madre del exfuncionario oficialista, dijo a la prensa en febrero pasado que su hijo era ciudadano Belga y que por eso la embajada de Bélgica se trató de comunicar 10 veces con el Gobierno de El Salvador para preguntar sobre el estado de salud de Muyshondt. Pero Patricia lamenta que el Estado no respondió al país europeo.
El mandatario justificó el arresto de Muyshondt y lo atribuye a un “nuevo proyecto para erradicar la corrupción” del país. No obstante, Lucrecia Landaverde dice que el exfuncionario fue víctima de “una política de exterminio”.
La investigación sobre el caso de Alejandro Muyshondt puede durar mucho tiempo, apenas está en la etapa inicial. Pero la abogada ya tiene pistas que pueden fortalecerse para determinar que hubo un homicidio doloso. El cadáver no se incineró, ya que se perdería toda posibilidad probatoria. Si es necesario, en el transcurso de la investigación, podría hasta realizarse una exhumación, dice la abogada.
Reiteró que toda la información y pruebas recabadas están resguardadas fuera de El Salvador.
