La Iglesia de El Salvador denunció la lentitud con la que se están llevando a cabo las investigaciones desde que se volvió a abrir el proceso contra los asesinos del santo mártir.
Alver Metalli
El optimismo de los días de fiesta se está desvaneciendo en el calor del trópico salvadoreño. A 38 años del asesinato, y a un mes exacto de la canonización de monseñor Romero, la Iglesia de El Salvador volvió a denunciar la lentitud con la que prosiguen las investigaciones sobre el asesinato del obispo-santo después de que volvió a abrirse el proceso, con el que se habían vuelto a despertar esperanzas sobre una rápida resultado, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que han llevado a cabo diferentes entidades.
Las protestas provienen del organismo que precisamente Romero creó para proteger de los abusos y documentar las tremendas y particularmente impunes violaciones durante los años de su vida. Con una nota publicada en el último número de la revista católica “Orientación”, el ente “Tutela de Derechos Humanos” denunció que el tribunal al que se encomendó el caso (cuyo titular es el magistrado Roberto Chicas) procede «de una manera lenta e inefectiva», como si no hubieran pasado 38 años de «ineficactividad e inacceso a la justicia».
La asociación Tutela de Derechos Humanos del arzobispado de San Salvador, refiriéndose a la lentitud del proceso y a los obstáculos que lo retrasan, afirma que «sobra la creatividad para no hacer justicia, pero escasean las soluciones para un pueblo sediento de verdad, de justicia y de paz». También recuerda que la Comisión para la verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar sobre los crímenes de la guerra civil (1980-1992), citó en su informe de marzo de 1993, entre los asesinos de Romero, al mayor Roberto D’Aubuisson (que falleció en 1992), a Amado Garay (que manejaba el vehículo en el que viajaba quien disparó), al capitán Álvaro Saravia (lugarteniente de D’Aubuisson), «entre otros responsables».
Se puede ver el hueco que dejó el proyectil
(Foto: “El Faro”, Carlos Barrera)
Hay que recordar que Álvaro Saraiva es uno de los nombres que aparece en casi todos los informes que se han redactado durante más de treinta años sobre el asesinato de monseñor Romero. El ex militar fue condenado por lo civil en Estados Unidos y tuvo que pagar 10 millones de dólares como indemnización a los familiares. Después huyó y se presume que vive en Honduras, en un lugar desconocido. En la agenda que fue secuestrada en una residencia de campo en la que se encontraba reunido un grupo de prominentes hombres de derecha figuran pagos efectuados por Saravia a diferentes sujetos de la que fue llamada la “Operación Piña”, que podría ser el nombre en código de la acción que culminó con el asesinato de monseñor Romero.
Resulta, según lo anotado en la agenda Saravia, que se habrían pedido dos vehículos, uno para el francotirador y el conductor, y otro para quien supervisó la acción desde fuera. Por ello, recuerda “Tutela de Derechos Humanos”, el tribunal volvió a abrir el caso dando curso a la sentencia de la Corte constitucional de El Salvador de mayo de 2017, que derogó la ley de amnistía que impedía procesar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil (1980-1992), por lo que pidió que se procesa con la localización y captura de Saravia, que hace años confesó al periódico digital “El Faro” la manera en la que se planificó y perpetró el asesinato de Romero. La alerta roja fue comunicada el 23 de octubre tanto a la Policía nacional de El Salvador como a la Interpol.
Durante los días de la canonización de Romero, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, que se encontraba en Roma, volvió a referirse a una presunta «conexión argentina» en el asesinato de Romero, citando como fuente a un «sacerdote» de este país que le habría hablado de «una escuela para entrenar a tiradores» cerca de la ciudad de residencia. La pista argentina no es nueva y apareció en varios momentos en las investigaciones que han llevado a cabo organismos internacionales independientes. Se ha reforzado gracias a varios documentos que fueron desclasiificados en el país sudamericano que se referían al asesinato de monseñor Romero. No hay que olvidar que los regímenes militares de la época, comunes en casi toda América Latina, estaban conectados entre sí para enfrentarse a esa que llamaban la amenaza comunista continental.
