El mes pasado, el ministro de Trabajo manifestó que la decisión de hacer un ajuste al salario mínimo en 2024 estaba en manos del presidente.
Esto llama la atención porque contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo, que afirma que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo el que discute y propone un ajuste a las tarifas de salario mínimo al Ejecutivo, y que este último más bien observa o ratifica la propuesta del ente tripartito. Sin embargo, más allá de la unilateralidad de la decisión de ajustar o no el salario, y de la opacidad sobre los criterios técnicos y políticos que se seguirían para decidir la magnitud de ese ajuste, la reducción en el poder de compra del salario es patente y debe ser atendida con prontitud.
En 2024, un hogar de cuatro personas que depende de un salario mínimo del sector Comercio y Servicios ($365.00 mensuales) tiene $327.59 disponible para gastos, una vez descontados los porcentajes de seguridad social. Teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica alimentaria para cuatro personas es de $273.23, según datos de marzo de 2024, a esa familia solo le restarían $54.36 al mes para satisfacer el resto de las necesidades del hogar, que, según el artículo 146 del Código de Trabajo, incluyen vivienda, vestuario, educación y salud. Evidentemente, es imposible pagar alquiler o cuota de vivienda, gastos de educación, salud y vestuario para cuatro personas con $54. Y a esas necesidades hay que añadir otras no contempladas en el Código de Trabajo, pero ineludibles: gastos de transporte, gastos de telecomunicaciones, implementos para el trabajo de cuidados, etc.
Hace 27 años, en un escrito titulado “La economía imposible”, el jesuita y académico Francisco Javier Ibisate decía lo siguiente: “Los peatones del salario mínimo manifiestan seria ansiedad por el callejón sin salida en el que se hallan”. A pesar del tiempo que ha transcurrido, esa afirmación sigue dolorosamente vigente. El callejón sin salida de quienes ganan el mínimo no solo ha permanecido en el tiempo, sino que se ha estrechado en los últimos años por efecto del encarecimiento de la canasta básica ($36 más cara en marzo de 2024 de lo que era dos años antes) y el incremento en el precio de la vivienda, las telecomunicaciones y una gran variedad de productos. No en balde han empeorado los indicadores de pobreza que se traslucen en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
Esta situación de estrechez de los hogares dependientes del salario mínimo no es ajena para los que sobreviven con ingresos ligeramente superiores. De hecho, al revisar la última cifra disponible de cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones (marzo de 2023), se observa que el 54% de cotizantes (466 mil personas, aproximadamente) gana un máximo de 1.5 veces el salario mínimo, es decir, $560.00. Esta dificultad con la que sobreviven los hogares de las familias trabajadoras dice mucho de la economía del país. Una economía en la que el componente de remuneraciones creció 4.2% en 2023 con respecto a 2022, mientras que las ganancias empresariales aumentaron un 7.9 %. Una economía, además, en la que el crecimiento económico de 3.5 puntos porcentuales en 2023 contrasta con el incremento de 4.4 puntos porcentuales de la pobreza entre 2019 y 2023.
Dicho lo anterior, aunque parezca remozada por las obras de infraestructura, la reducción de los homicidios o el bitcoin, los indicadores antes mencionados nos dicen que se está acentuando el carácter “imposible” de la economía salvadoreña y que nuestra sociedad se aleja progresivamente de la construcción de la dignidad de la persona y del desarrollo humano.
