Laura, una joven profesional ecuatoriana, comenzó a trabajar en 2019 en una empresa de tecnología en Quito. Desde el primer día, comenzó a experimentar acoso laboral. Sus colegas masculinos hacían comentarios despectivos sobre sus capacidades y la excluían de reuniones importantes.
Por: Carolina Elizalde*
C on el tiempo, estas acciones minaron su salud mental, llevándola a desarrollar ansiedad y depresión. A pesar de sus esfuerzos por denunciar, Laura no encontró el apoyo necesario dentro de la empresa, lo que finalmente la obligó a renunciar. La historia de Laura no es un caso aislado; refleja una realidad que muchas mujeres enfrentan diariamente en América Latina.
El mobbing laboral, esa forma insidiosa de acoso que carcome la dignidad y la autoestima de quienes lo padecen, es una realidad desgarradora para muchas mujeres, no salmente en Ecuador, sino a nivel regional. Este fenómeno, caracterizado por comportamientos hostiles y humillaciones sistemáticas, tiene profundas repercusiones tanto en la salud mental y física de las víctimas como en su desarrollo profesional. A pesar de las leyes y políticas existentes, el miedo a represalias y la falta de apoyo institucional perpetúan el silencio y la invisibilidad de esta problemática.
Un patrón sistemático
El mobbing laboral no es solo una serie de incidentes aislados, sino un patrón sistemático de comportamientos hostiles. Muchas veces, este fenómeno tiene un enfoque de género marcado, ya que las mujeres son las principales afectadas debido a factores culturales, económicos y sociales que perpetúan su vulnerabilidad en el entorno laboral. El mobbing incluye comentarios hirientes, humillaciones, exclusión social y exigencias irrazonables, y su impacto en la vida de las mujeres es devastador.
Las cifras son claras y alarmantes: en 2019, 2 de cada 10 mujeres en Ecuador experimentaron algún tipo de violencia laboral, y el 97% de ellas no denunció por temor a represalias. Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, no solo son escalofriantes, sino que subrayan la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo de manera efectiva.
A nivel regional, la situación es igualmente preocupante. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Gallup, uno de cada cinco empleados en todo el mundo ha sufrido al menos una modalidad de violencia o acoso laboral durante su vida laboral. Más de tres de cada cinco víctimas de violencia y acoso en el trabajo aseguran haberlo sufrido varias veces, y para la mayoría el incidente más reciente sucedió en los últimos cinco años. De hecho, América Latina mostró la mayor prevalencia de la violencia psicológica y el acoso, con un 29,3% de incidencia, seguida de África con un 20,2%.
Además, el estudio resalta que la violencia y el acoso psicológico son las formas más comunes de violencia laboral, afectando al 17.9% de los empleados a nivel mundial, mientras que el 8.5% ha enfrentado violencia física y el 6.3% ha sido víctima de violencia sexual, siendo las mujeres particularmente vulnerables a esta última.
Las consecuencias del mobbing laboral para las mujeres son múltiples y profundas. A nivel psicológico y emocional, puede llevar a la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. A nivel laboral, las víctimas suelen experimentar una disminución en la productividad, ausentismo y, en muchos casos, se ven obligadas a renunciar, afectando su estabilidad económica y sus oportunidades de carrera. En palabras de una víctima, “el mobbing no solo te quita la paz, te quita tu futuro”.
Estas cifras subrayan la urgencia de abordar el problema de manera efectiva y la necesidad de implementar políticas públicas y marcos normativos que no solo castiguen a los acosadores, sino que también protejan y apoyen a las víctimas.
Políticas para combatir el acoso
Ecuador cuenta con leyes y políticas destinadas a combatir el acoso laboral. El «Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y Toda Forma de Violencia contra la Mujer en los Espacios de Trabajo», implementado por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, es un paso importante en esta dirección. Este protocolo establece medidas para prevenir y atender casos de acoso laboral, proporcionando un marco para la denuncia y la intervención en estos casos. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende en gran medida de su implementación y del apoyo institucional a las víctimas.
En América Latina, varios países han implementado políticas efectivas para combatir el acoso laboral y proteger a las víctimas. Por ejemplo, en Chile, el «Protocolo de actuación ante el acoso laboral» establece procedimientos claros para la denuncia y el manejo de casos de acoso laboral, y se han desarrollado campañas de concienciación para promover un ambiente laboral saludable. Además, la Ley 1010 de 2006 en Colombia define y sanciona el acoso laboral, estableciendo mecanismos de prevención y protección para las víctimas. Esta ley incluye la creación de comités de convivencia laboral en las empresas para mediar en conflictos y prevenir situaciones de acoso. En México, la NOM-035-STPS-2018 es una normativa que obliga a los empleadores a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incluyendo el acoso laboral, y a promover un entorno organizacional favorable.
Estas iniciativas demuestran un esfuerzo creciente en la región para abordar y reducir el acoso laboral, proporcionando un marco legal y mecanismos de apoyo que buscan proteger a los trabajadores y promover un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.
Además de la historia de Laura, muchas otras mujeres en diversos sectores laborales han compartido sus experiencias de mobbing laboral. Estos testimonios destacan la diversidad de contextos en los que se presenta el acoso y la necesidad de estrategias específicas para cada sector. Por ejemplo, las trabajadoras en la industria de la salud en Ecuador reportan una alta incidencia de mobbing debido a la presión extrema y las largas horas de trabajo, mientras que en el sector tecnológico, el acoso a menudo se relaciona con estereotipos de género y la infrarrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo.
¿Cuál es la solución?
El mobbing laboral es una manifestación clara de la violencia de género que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento de las mujeres en el ámbito laboral. Es fundamental que se implementen y fortalezcan políticas públicas que no solo castiguen a los acosadores, sino que también creen un entorno seguro y de apoyo para las víctimas. Las empresas deben asumir un papel activo en la prevención del acoso, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.
Para romper el silencio que rodea al mobbing laboral, es esencial empoderar a las víctimas, permitiéndoles denunciar sin temor a represalias mediante canales anónimos y seguros. Además, las instituciones deben garantizar una respuesta eficaz y justa, lo que incluye la capacitación del personal y la implementación de políticas de tolerancia cero al acoso. Los gobiernos tienen la responsabilidad de reforzar las leyes existentes y crear nuevas políticas que protejan a las víctimas y castiguen severamente a los acosadores, asegurando su efectiva implementación.
Es fundamental llevar a cabo campañas de sensibilización y educación para cambiar la percepción cultural sobre el mobbing y promover un ambiente de respeto y dignidad en el trabajo. Además, se debe proporcionar apoyo psicológico y asesoramiento legal a las víctimas es crucial para ayudarlas a superar el trauma y guiarlas en el proceso de denuncia.
En este sentido, el compromiso empresarial es vital para promover una cultura de respeto e igualdad mediante la formación continua de los empleados y la creación de un entorno laboral inclusivo y seguro. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de una necesidad urgente para asegurar que las futuras generaciones de mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en un ambiente libre de acoso y discriminación.
La responsabilidad recae en los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para construir un mundo laboral donde la dignidad y el respeto sean la norma y no la excepción. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, donde todas las personas puedan trabajar en un ambiente libre de acoso y discriminación.
*Licenciada en relaciones internacionales y ciencia política de la Universidad San Francisco de Quito con Máster en derechos humanos y gobernanza de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fuente: Latinoamérica 21
