El mundo laboral—en el caso de las personas trabajadoras en el sector público—va en supuestos cambios que en el mejor de los casos no ofrecen ningún cambio positivo.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
L a idea principal del actual régimen tiene a su base aspectos que trascienden el entendimiento de una población y ciudadanía que ha visto los servicios públicos como algo sin importancia—derechos de ciudadanía que no corresponden de igual forma para unos sectores en detrimento de otros.
Es claro, por ejemplo los servicios de agua potable, en el ejercicio de Bukele, la ley de recursos hídricos quedó en pro de la empresa privada en su control y administración, y aquéllas empresas que consumen altos volúmenes de agua (cañeros, bebidas gaseosas, etc) la pagan a precios irrisorios, mientras una gran población de los sectores populares no la tiene y los precios son elevados—la autónoma a cargo, es sólo fachada y los cambios sólo la trascienden en servicios públicos onerosos, deficientes; tal como lo aseguraba el sector oligárquico en su proceso de cooptación de los activos y valores monetarios públicos.
El ejercicio del gobierno con arena determinó que no eran importantes, por ser ineficientes, caros y de poco provecho para el bienestar de la población, y por ello impulsó la privatización de muchas instituciones y sus servicios, por sólo el hecho de ser empresa privada, la cuestión era en si misma más ética, menos costosa y más eficiente en sus servicios. El punto acá es que ese estribillo era también falso—los malos servicios privados están a la orden del día, y el consumidor (a) se ve afectado en su bolsillo, la mala atención del cliente y los abusos por deficiencias a montones—el caso de los servicios bancarios, cooperativas, centros comerciales y vacacionales, hoteles, restaurantes, farmacias, el servicio a domicilio en general, etc.
La forma de administrar el ejecutivo, tiene a la base la justificación del uso y abuso de más de 8,000 millones que le corresponden del presupuesto nacional, sabemos que mucho presupuesto no se ha gastado o invertido en obras y servicios que a cada ministerio corresponden; la ineficiencia de los servicios tiene ese asiento; ello tiene como consecuencia la desarticulación de las organizaciones sindicales que podrían oponerse a tales abusos con el funcionario(a) de turno; la desarticulación de la Secretaría de la Presidencia, en el inicio de la anterior gestión se hizo para “limpiar lo nocivo” de la anterior gestión ejecutiva; y los famosos “twiterazos” de quitar el supuesto nepotismo institucional daban la pauta de tal cuestión.
El despido de gran cantidad de empleados públicos más de 24,000 durante el período, denotan que la estrategia de limpieza de grupos opositores (sindicatos) tuvo éxito; y los presupuestos de más de 24 instituciones disueltas y otras tantas del interés y conveniencia del régimen han sido cooptados y retenidos por la hacienda pública o traspasados a la Secretaría de la Presidencia. En fin, la situación laboral de las personas servidoras públicos de estas instituciones y dependencias se ha visto vulnerada en todo momento, y la situación sigue sin resolverse, por cuanto “nuevas ideas”, se manifiestan para amarrar los intereses del régimen.
Desde la visión de los derechos ciudadanos, la población está poco informada, sin el conocimiento de lo que deben ser los servicios públicos, que observa la inoperancia de los servicios públicos encargados de una pronta y cumplida justicia como el Tribunal del Servicio Civil en la aplicación de la normativa; los juzgados; las instituciones del ministerio público; el ministerio de trabajo; la Sala de lo Constitucional en cuanto a cumplir con el amparo; habeas corpus y/o la declaratoria de inconstitucionalidades cometidas, como algo incomprensible y de poco beneficio popular y social.
Las declaraciones de funcionarios (as) denotan cortinas de humo para esconder la podredumbre que mantiene un clima nauseabundo e intoxicante en el país y para las personas trabajadoras; los nuevos municipios y distritos además del despido y desarticulación sindical (más de 5,000 despidos), no han mejorado los servicios a la comunidad, los derechos de ciudadanía se ven violentados, las calles se deterioran y obras públicas continúa viendo los toros desde la barrera sin hacer mayores cosas en la infraestructura social: comunidades, colonias, repartos de viviendas, etc.
Es necesario que el sindicalismo surja de las cenizas, y se convierta en una alternativa de poder, capaz de balancear la crisis y dar un rumbo ético en la defensa de los derechos de ciudadanía: la salud, la educación, el ocio y la recreación, la cultura en general; la defensa de grupos vulnerables y/o discriminados por el conservadurismo y liberalismo recalcitrantes, la corrupción generalizada, la lucha por una economía de bienestar para las mayorías y no sólo para grupos mínimos oligárquicos; de pequeña burguesía o de funcionarias(os) que se recetan altos salarios en detrimento de la mejora sustancial de todos esos servicios públicos para la población que los paga a través de los impuestos de renta, IVA y otros.
*Sindicalista salvadoreño
