En reciente entrevista en una radio de la capital, Socorro Jurídico Humanitario hizo público los delitos que ha encontrado al investigar el sistema judicial del país, confirmando los desmanes, abusos y crímenes cometidos por agentes estatales dentro del sistema penal.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
U n hecho que se desprende, es el que no es a la población pandilleril a la que se la somete a estos abusos, sino a la población general.
Uno de los casos más recientes de los «Crímenes del régimen», y que ha conmocionado a la sociedad salvadoreña, es la muerte, a 12 DÍAS DE SER LIBERADO DEL PENAL DE MARIONA, de José Saúl Castillo Alberto, quien falleció el 13 de octubre 2024, él estuvo preso por casi 2 años acusado por agrupaciones ilícitas y liberado el 01 de octubre 2024 al comprobar su inocencia; era originario del Puerto La Libertad. Sus parientes y vecinos están consternados por la condición de desnutrición severa de cómo lo liberaron. Fue detenido por policías para cumplir cuotas impuestas. Era empleado del MOP. Los crímenes están sucediendo ante nuestros ojos. ¡Cuánto dolor! Nos debe conmover y provoca y convocarnos a decir: «BASTA YA»
El ilegítimo gobierno alega haber detenido hasta 80,000 personas, lo que no puede ser constatado por el mismo estado jurídico al que se nos somete, pero que implica la detención arbitraria de hasta 35,000 ciudadanos, a los que se les contiene por razones político ilegales, cuando por otro lado las condiciones estructurales que dan vida a esa violencia, han sido agravadas por precisamente el actuar del régimen.
Consideremos para entenderlo el cálculo que el oficialismo hace en torno a los costes humanos, asegurando que la violencia implementada por las pandillas ha supuesto el asesinato de hasta 70,000 salvadoreños desde que se firmaran los acuerdos de paz, sin respaldarlo en datos de ML o del SJ, sino calculándolo a partir del promedio de asesinatos diarios que en su peor momento cometieran estas estructuras criminales.
Por otro lado, al realizar estos señalamientos, el ilegítimo ejecutivo no consideró la responsabilidad del propio estado en la generación de esa violencia, donde por ejemplo, la impunidad promueve la violencia social, excluyendo, marginando y expoliando a las mayorías al negarles lo más elemental a estas, mientras el completo estado sirve al propósito de enriquecer gratuitamente a las élites, es decir el 0,2% del total de la población, y de los que solo el 0,00002% son los beneficiarios universales en el actual régimen de acuerdo a la banca multilateral.
Entonces, ¿Qué supone para todos, esos asesinatos en los centros penales?
Revisando los datos de esas personas asesinadas – asesinadas porque presentan evidencia irrefutable de violencia en contra de sus personas que derivara en sus muertes, implicando la participación directa de agentes del estado, para el caso, los custodios mismos que los gestionaron dentro de los centros penales – hasta el 92% de ellas no tuvieron nunca antecedentes que los ligaran a delitos o al actuar pandilleril, haciendo de su detención una irregular e ilegal, al igual que su mantenimiento en el centro penal donde finalmente fueron asesinados, por lo que solo puede ser considerado como crímenes de lesa humanidad por parte del régimen y sus agentes.
Crímenes que, al ser definidos apropiadamente, no prescribirán y por los que deberán dar cuentas eventualmente.
Si bien es más fácil volver la vista para no implicarnos, eso solo agravará para todos nosotros la condición de cómplices, que nos etiquetará siempre.
En circunstancias como estas, la mayoría tratará de sobrevivir, lo que es comprensible, pero eso solo nos reduce al papel de cómplices por omisión, que, cerrando los ojos, solo funcionará hasta que llegue nuestro turno.
Porque también los otros cerrarán los ojos.
Entonces solo podremos tener más y peores crímenes.
*Educador salvadoreño.
