Mientras el ilegal régimen gobernante de El Salvador por intermedio de su delegado presidencial para los DDHH, asegura que no hay desapariciones forzadas de ciudadanos, la propia FGR reconoce en este preciso momento hay 480 casos en activo [fgr.gov.sv], de personas que han sido privadas de su libertad y desaparecidas.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Esas desapariciones son atribuidas por la FGR a diversas causales, que van desde el actuar de las pandillas, el hampa, el narcotráfico y el sicariato.
Como sea, el hecho de no reconocer el fenómeno de las desapariciones forzadas por parte del régimen está dirigido a legitimar su ilegal política de seguridad territorial, la cual se sustenta sobre todo mediáticamente, porque los hechos demuestran patentemente, que la tal seguridad es solo aparente, y pareciera más bien responder a otro arreglo entre el régimen ilegal y sus aliadas las pandillas.
Esto porque los privilegios se continúan para estas, liberando a su liderazgo, sin recuperación de ningún armamento que estas, sin presentar ante los tribunales a los responsables de la matanza que diera origen al estado de excepción, con un CECOT libre de violencia contra las pandillas, mientras en el resto del sistema carcelario, particularmente aquella con población fehacientemente inocente de todo delito y detenida arbitrariamente, esta es objeto de toda suerte de malicias, vejaciones y violencia por parte de los agentes estatales, que llegan incluso a la tortura y el asesinato de estos, lo que esta fehacientemente demostrado.
Esto debiera añadir entre los responsables de ejecutar esas desapariciones, de la FGR, al propio estado, cuyos agentes son los responsables específicos, señalados también por el alto comisionado de DDHH de las UN, de esos asesinatos en las cárceles.
Empero, también la oficina de la FGR bajo la dirección de un acólito de la presidencia, plantea un desafío al desmontaje del delito de las desapariciones forzadas, porque también éste, a pesar de la creciente e innegable evidencia que su oficina reúne y reconoce, lo desconoce sin más como además las tortura cometidas por agentes estatales en las cárceles, o los asesinatos ejecutados en las mismas, que tanto MOVIR como CRISTOSAL han demostrado se cometieran contra hasta un 97% de detenidos sin vínculos de ningún tipo con pandillas y el crimen en general, lo que crasamente se corresponde a una política de terror dependiente de la ilegal presidencia del país.
Aunque en el presente momento se reconoce una cifra que ronda los 320 asesinatos de este tipo, la cifra real podría girar en torno a los 1300, correspondientes a aquellos asesinatos cuyas familias se niegan a iniciar los debidos procesos legales contra del estado y sus agentes, por temor a las repercusiones, abandonando a la impunidad el asesinato de sus deudos.
Entonces, el clima de impunidad generado por la inacción del régimen, ha dado pie al establecimiento de una cultura del crimen encubierto dependiente de éste, que sigue confiando en su impunidad que cree asegurada con su permanencia en el poder.
Que no podrá mantener por siempre.
*Educador salvadoreño
