La semana pasada se conmemoró el 27 Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil y plantearon la democratización del país y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Fuera del evento oficial organizado por la Presidencia, la celebración pasó inadvertida para la mayoría de instancias estatales y sectores sociales.
Casi nadie habló de nuevos acuerdos nacionales, a pesar de que la complicada situación del país lo exige cada vez más. Hace dos años, en el marco del 25 Aniversario, hubo un último intento gestionado por el gobierno y facilitado por las Naciones Unidas; pero fracasó debido al sabotaje de ARENA. La comitiva encabezada por el diplomático mexicano Benito Andión desistió, ante la falta de voluntad política de la oposición oligárquica.
En su mezquindad política, el partido de derecha calculó que la firma de cualquier acuerdo sería un logro político para la izquierda gobernante, y eso no podría permitirlo. Un posible entendimiento con el gobierno era, además, contrario a la perversa estrategia de desestabilización y boicot arenero con el Ejecutivo.
En este espacio editorial insistimos en la urgencia de lograr acuerdos nacionales en, al menos, cuatro ámbitos importantes: finanzas públicas, agua y medioambiente, seguridad ciudadana y profundización de la democracia.
En relación a las finanzas públicas se necesitan medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria, acabar con la corrupción pública y privada, renegociar la deuda externa, renacionalizar las pensiones y aprobar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. Esto resolvería el déficit fiscal del gobierno, proveería los fondos públicos necesarios para resolver los problemas del país y reduciría los escandalosos niveles de desigualdad. Con respecto al tema ambiental, urge revertir el grave deterioro ecológico del país, especialmente de los bienes hídricos. Se necesita un proceso de descontaminación y protección de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, o el país se quedará sin el vital líquido y la población morirá de sed.
Referido a la seguridad pública, es necesario asegurar la implementación completa del Plan El Salvador Seguro (PESS), que combina integralmente prevención de la violencia, represión del delito, rehabilitación de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia. Según el PNUD, el costo inicial de la aplicación de dicho plan es 2,000 millones de dólares.
Y, finalmente, sobre la profundización de la democracia, es pertinente superar la democracia representativa que dejó de representar los intereses de la población y se hizo burocrática, corrupta e insensible a las necesidades de la gente. La respuesta al enorme desencanto popular con la democracia formal debería ser avanzar hacia una democracia participativa, directa y ciudadana.
Ahí están, pues, planteados temas urgentes para discutir nuevos acuerdos nacionales, en el marco de la celebración del 27 Aniversario de los Acuerdos de Paz.
