Después de investigar una denuncia interpuesta por los vecinos de la planta de transferencia Aragón por la acumulación de basura en la zona por la negativa de la alcaldía de San Salvador, de llevar los desechos al relleno sanitario de MIDES, el Juzgado Ambiental de San Salvador libró un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que indague a la comuna capitalina presidida por el edil Ernesto Muyshondt, por la posible comisión del delito de contaminación ambiental.
“Se deberá certificar el presente expediente a la Fiscalía General de la República a efecto que promueva la acción civil que corresponda. Asimismo, para que investigue la presunta comisión del delito de Contaminación Ambiental del art. 255 Pn. Por las acciones detectadas en la Planta Aragón y en la quebrada El Garrobo que colinda con la misma”, se lee en la resolución dada a conocer por el referido juzgado este 5 de marzo.
A finales del año 2018 el alcalde de San Salvador decidió no enviar los desechos generados por los habitantes del municipio de San Salvador al relleno sanitario de MIDES para trasladarlos a otro Relleno sanitario ubicado en el Cantón Melara en el Puerto de La Libertad, pese a que dichas instalaciones no tienen la capacidad para recibir la cantidad de basura que genera diariamente la citada comuna. Lo cual también ha provocado que otras personas hayan denunciado a las autoridades edilicias capitalinas por posible contaminación ambiental, al no estar dando el adecuado tratamiento a la basura recolectada en el municipio.
La situación provocó la acumulación de enormes promontorios de basura que contaminaban el aire y el agua de la quebrada el Garrobo, y puso en peligro la salud de los habitantes de las comunidades cercanas a la mencionada planta de transferencia.
Además de notificar a la FGR para que inicie las indagaciones para determinar si hay responsabilidad penal y civil de parte de la alcaldía de San Salvador representada por el edil Ernesto Muyshondt, el Juzgado Ambiental ordenó una serie de medidas cautelares que la comuna debe cumplir de forma urgente.
Entre las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Ambiental se encuentran “suspender de manera inmediata, es decir dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de este proveído, el vertido directo de lixiviados al suelo del inmueble en que se ubica la referida planta y la quebrada El Garrobo que se ubica al costado sur oeste de tal inmueble”, entre otras se detalla en la resolución judicial dada a conocer este martes.
Mientras que al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se le ordenó que efectúe “una Auditoría de Evaluación Ambiental a la Planta de Transferencia Aragón, debiendo presentar a ésta sede el resultado de esta en plazo de quince días hábiles posterior a la ejecución de la autoría”, se agregó en la resolución.
El Juzgado Ambiental concluyó su resolución advirtiendo que las medidas cautelares ordenadas son de “cumplimiento obligatorio” y quienes no las acaten incurrirán en el delito de “desobediencia”
A la fecha también existe otra denuncia interpuesta por MIDES, ante la Corte de Cuentas, por la millonaria deuda que la municipalidad tiene con la empresa, ya que ha cobrado las tasas municipales por disposición final de desechos, sin que tales fondos hayan sido empleados para amortizar la deuda. Tomando la decisión el concejo municipal de romper el contrato vigente con Mides y seguir utilizando un relleno sanitario en el puerto de La Libertad, que sigue impactando negativamente El medio ambiente, especialmente por El área costera y reservas naturales de la zona.
Con el precedente dictaminado por el juez ambiental contra la alcaldía de San Salvador, además de existir bases para ejercer una demanda por daño ambiental, según un abogado consultado por este medio; lo más preocupante es que se siga produciendo la contaminación ambiental al no ser adecuado el sitio del botadero de Melara.
