(Por: Miguel A. Saavedra)
El tema del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y la reorientación del préstamo por 32 millones de dólares para su construcción otorgado en diciembre de 2015 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continúa en la palestra del debate político, sin que se vea una ruta conveniente y eficaz para su desenlace final.
A la fecha nadie ha dado una explicación convincente del por qué estando aprobado el préstamo para la construcción del nuevo edificio, éste no se inició hace 4 años, tampoco se aclara quien tiene la responsabilidad de este atraso que a la fecha lleva un costo de más de medio millón en multas, sin que ello sea denunciado como un acto de corrupción o por lo menos de negligencia y tal parece que el entrampamiento continuará ya que el arrancón que tuvo el señor Presidente de la Asamblea Legislativa Dr. Norman Quijano, al decir que “él solito” asumía el costo político de construir el edificio, se quedó en una simple llamarada de tuza.
Frente al daño estructural del actual edificio administrativo de la Asamblea Legislativa, no se puede negar la necesidad de un edificio digno y seguro para el primer Órgano del Estado, en tal sentido las soluciones provisionales que se han presentado para trasladar al personal como el alquiler de locales; el uso de sedes partidarias o la construcción de módulos que aun cuando se diga que son permanentes, serían dos millones de dólares tirados a la improvisación en tanto no responden a la jerarquía, misión y responsabilidad que tiene un parlamento.
También nos parece una ligereza que se pida al Ejecutivo que le asigne a la Asamblea, el edificio de CEL, lo cual como dice el dicho popular, es abrir un hoyo para tapar otro, en tanto dicho edificio no está vacío y, por ello, si se usara este edificio para la Asamblea, preguntamos: ¿adónde enviarán el personal que trabaja ahí?, o ¿acaso piensan hacinar al personal de ambas instituciones de gobierno? Estas son interrogantes que debe responderse.
Consideramos que cualquier medida temporal, debe ser acompañada de una solución definitiva; por ello, instamos a los señores diputados a que con valentía defiendan que se les construya su lugar de trabajo, que se comience a ejecutar el préstamo ya aprobado, con la visión lograr una eficiente y austera ejecución de tal forma que, al final, el edificio cueste mucho menos de lo aprobado, eso señores legisladores es posible, si se supervisa con honestidad, de lo contrario entonces gestionen la renuncia y cancelación del préstamo, pues los ciudadanos no podemos estar pagando los costos de una ineficiente gestión público.
