Hace 35 años, Nicaragua hizo lo que parecía imposible para un país latinoamericano: llevó a EEUU a un juicio internacional, acusándolo de financiar a las ‘fuerzas contrarrevolucionarias’ que se habían alzado contra el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). EEUU perdió el juicio, pero hasta el día de hoy sigue sin pagar.
En su denuncia, presentada un 9 de abril de 1984, Nicaragua aseguraba que EEUU había «concebido, creado y organizado un ejército mercenario, los ‘contras'». En su investigación, la Corte Internacional de Justicia no pudo establecer que Washington había creado al grupo paramilitar, pero sí «consideró probado» que desde el país norteamericano «habían financiado, adiestrado, equipado, armado y organizado en gran parte al FDN (Fuerza Democrática Nacional), uno de los elementos de esa fuerza».
La ‘Contra’, los ‘contrarrevolucionarios’ o la ‘Resistencia Nicaragüense’ fue el movimiento surgido en el país centroamericano luego de la Revolución Sandinista para derrocar al gobierno del FSLN. La resistencia incluía a varias organizaciones que cometieron diversos atentados terroristas entre 1980 y 1990.
La presencia de EEUU detrás de la ‘Contra’ quedó demostrada en 1986, cuando estalló el escándalo y se conoció que la administración de Ronald Reagan había vendido armas a Irán, en ese momento en guerra con Irak, y había apoyado al movimiento antisandinista. Las operaciones eran secretas y no habían sido aprobadas por el Senado de EEUU.
La revelación llevó a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, encabezada en ese momento por Daniel Ortega, a promover la denuncia contra EEUU ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda. Este tribunal, vinculado a las Naciones Unidas, es uno de los principales órganos de resolución pacífica de controversias entre países.
El juicio comenzó el 9 de abril de 1984 y se extendió hasta el 27 de junio de 1986, cuando la Corte falló acerca de ‘Las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua’, tal como se denominó al caso.
«…los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado», rezaba el fallo.
La Corte consideró además que Washington estuvo detrás de varios ataques realizados en territorio nicaragüense, como los perpetrados en Puerto Sandino y Corinto en 1983 y contra la base naval de Potosí, San Juan del Sur, San Juan del Norte y Puerto Sandino en 1984.
El histórico fallo también imputó a EEUU por realizar vuelos en territorio nicaragüense y haber colocado minas en sus aguas.
En ese marco, la Corte condenó a EEUU a «poner término inmediatamente y abstenerse de toda acción que pueda constituir una violación de las obligaciones jurídicas anteriormente mencionadas».
Asimismo, determinó que el Gobierno de Reagan tenía «la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados a Nicaragua por la infracciones de obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario».
La sentencia especificaba que «la forma y el monto de esa indemnización» sería establecida por la Corte, al no haber acuerdo entre las partes. En su momento, Nicaragua estimó en 17.000 millones de dólares los destrozos provocados por la guerra civil. Sin embargo, Estados Unidos nunca aceptó el fallo y se negó a hacer frente a la condena.
Las elecciones de 1990 llevaron al poder a Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), una coalición de todos los sectores antisandinistas. En setiembre de 1992, Barrios de Chamorro dispuso que Nicaragua retirara los cargos presentados contra Estados Unidos en La Haya, dejando sin efecto la condena contra Washington.
El caso quedó cerrado hasta 2017, cuando el Gobierno de Daniel Ortega anunció que reclamaría nuevamente el pago de la indemnización establecida por la Corte Internacional de Justicia.
